En un juzgado del Distrito Nacional, dos ciudadanos esperaron más de cuatro años para que un tribunal decidiera, de forma definitiva, una queja por demora procesal. Cuando el Tribunal Constitucional se pronunció, uno de los querellantes ya había fallecido y el expediente terminó archivado, reflejando la realidad de las tardanzas en los fallos en la República Dominicana.

La justicia tardía no solo afecta a las víctimas, sino que también impacta a los acusados, quienes viven con la incertidumbre de una imputación durante años. La Constitución dominicana garantiza el derecho a una decisión “sin dilaciones indebidas”, y a nivel internacional, tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos imponen al Estado el deber de resolver en un plazo razonable.

La lentitud en los procesos judiciales se debe a una combinación de factores, incluyendo la falta de inversión, escaso personal de apoyo y leyes que no sancionan la dilación. En 2020, la Suprema Corte de Justicia aprobó un Plan de Atención a la Mora Judicial, reconociendo que el atraso es un problema de Estado.

La justicia tardía afecta a diversos sectores de la sociedad, desde comerciantes hasta ciudadanos que enfrentan acusaciones falsas. Cada expediente sin resolver representa una vida en pausa, donde la espera se convierte en una forma de denegación de justicia.

Exigir celeridad en los procesos judiciales no es impaciencia, sino un ejercicio de un derecho fundamental. Es necesario que la sociedad demande plazos y rendición de cuentas, apoyando la modernización del sistema judicial para que la justicia no llegue tarde, sino en el momento adecuado.