La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado una sentencia que permite a las víctimas de los Testigos de Jehová calificar a esta organización como «secta destructiva».

Esta decisión se produce en un contexto donde el movimiento evangélico ha sido conocido por demandar a quienes critican sus prácticas.

El tribunal español dictó su resolución el 16 de abril, respaldando a la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová (Aevtj).

Según el fallo, el nombre de la agrupación y sus críticas no afectan el honor del movimiento religioso.

La justicia ha reafirmado el derecho a criticar y exponer los mecanismos de control interno de los Testigos de Jehová.

Esta decisión se considera un avance en la libertad de expresión en relación con las organizaciones religiosas.

Derecho a la libertad de expresión

La resolución judicial establece que llamar a los Testigos de Jehová «secta destructiva» y considerarse «víctima» de la misma está protegido por la libertad de expresión.

Esto incluye la afirmación de que la pertenencia a esta organización puede causar daños a la salud o poner en riesgo la vida de las personas.

El tribunal concluyó que, a pesar de que estas afirmaciones puedan resultar incómodas o dolorosas, son parte de la libertad de expresión garantizada por la ley.

Los Testigos de Jehová, fundados en la década de 1870 en Estados Unidos, se consideran los únicos que practican un cristianismo auténtico.

Sin embargo, son frecuentemente acusados de comportamientos sectarios debido a sus estrictas normas.

Reacciones y posibles implicaciones

Seis miembros de la organización en España habían presentado una querella contra la Aevtj, buscando impedir el uso de la palabra «víctimas» en su nombre y solicitando la disolución de la asociación.

Carlos Bardavío, abogado de las víctimas, celebró la decisión al señalar que es la primera vez que se reconoce legalmente la posibilidad de calificar a una religión como «secta destructiva».

La sentencia aún puede ser apelada ante el Tribunal Supremo español, y su impacto podría extenderse a nivel internacional, especialmente si se lleva ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.