El sistema de justicia ha decidido enviar a juicio de fondo el caso del Jet Set, donde murieron 236 personas y aproximadamente 180 resultaron heridas, calificando los hechos como homicidio involuntario. Esta decisión limita las consecuencias legales para aquellos que puedan ser considerados responsables de la tragedia.

En otro caso relacionado, se han impuesto condenas de 20, 15, 10 y 5 años de prisión, además de multas, a un grupo de oficiales militares y civiles acusados de corrupción durante la administración 2012-2020.

Ambos casos evidencian que en el país es demasiado fácil operar fuera de los límites y normas establecidas. Las lecciones que se desprenden de estas situaciones resaltan la necesidad de un cambio en las políticas públicas.

Sin embargo, las políticas actuales parecen resistirse a modificaciones que busquen proteger vidas y bienes de la ciudadanía.