Una sentencia favorable no siempre implica el cierre de una controversia, ya que a menudo representa el inicio de un nuevo proceso: hacer que la decisión del tribunal se convierta en una realidad. La discusión sobre la efectividad de la justicia se centra en la pregunta de qué utilidad tiene tener la razón si no se puede hacer valer. El Estado de Derecho se fundamenta no solo en buenas leyes y decisiones judiciales, sino también en el respeto y la ejecución de esas decisiones dentro del marco legal.

La justicia se completa cuando lo decidido por un juez se hace efectivo, especialmente en el ámbito civil y comercial. Detrás de cada proceso judicial hay personas, empresas y patrimonios que pueden verse paralizados durante años mientras esperan que una decisión produzca sus efectos. Por ello, el tiempo que toma hacer efectiva una decisión judicial tras obtener una sentencia favorable es un reto que merece atención.

El proceso de ejecución

Un ejemplo crítico es el trámite para obtener el auxilio de la fuerza pública, que actualmente está a cargo del Ministerio Público. Esta intervención debe estar sujeta a las garantías legales, pero no debería convertirse en una nueva instancia de discusión sobre derechos ya reconocidos judicialmente. Después de años de litigio, cada día adicional de espera puede tener consecuencias reales, como la disminución del valor de los bienes del obligado o su transferencia a terceros.

Agilizar los mecanismos para hacer efectiva una decisión judicial no significa favorecer al acreedor en detrimento del deudor, sino asegurar que la decisión del tribunal mantenga su eficacia. El equilibrio radica en garantizar el derecho de defensa sin permitir que el tiempo se convierta en un obstáculo para la ejecución. Una justicia lenta puede llevar a que, aunque el tribunal reconozca un derecho, el paso del tiempo dificulte su cumplimiento.

Ejecución de sentencias extranjeras

La ejecución de sentencias dictadas en el extranjero también es un tema relevante en una economía abierta como la dominicana. Cuando una sentencia extranjera ha agotado las instancias en su país de origen, debe ser homologada en República Dominicana conforme a la ley 544-14 sobre Derecho Internacional Privado. Sin embargo, este proceso no debe ser una oportunidad para reiniciar el litigio que ya concluyó en el extranjero.

El principio de tutela judicial efectiva exige que, una vez reconocida una sentencia extranjera, la discusión sobre su ejecución se realice dentro de los límites establecidos por la ley, sin olvidar que ya hubo un proceso previo. Es importante distinguir entre el derecho al recurso y la ejecución de la sentencia; el recurso no debe implicar automáticamente una suspensión de la ejecución.

Convertir el ejercicio del recurso en una suspensión automática de la ejecución puede llevar a que una sentencia extranjera quede paralizada indefinidamente en República Dominicana, afectando la tutela judicial efectiva de quien busca hacer valer un derecho ya reconocido. La homologación debe permitir que una decisión extranjera despliegue sus efectos jurídicos en el país, sin transformar a República Dominicana en una nueva instancia del litigio original.

La seguridad jurídica no solo se basa en tener buenas leyes, sino en poder confiar en ellas. Esta confianza se construye cuando los procedimientos son razonables y las decisiones judiciales son respetadas. Un sistema de justicia que ofrece respuestas oportunas y efectivas es fundamental para el desarrollo económico y la atracción de inversiones.

En conclusión, tener la razón es crucial, pero en un Estado de Derecho, la capacidad de hacerla valer es igualmente importante. Una sentencia que no produce efectos puede convertirse en una mera declaración de intenciones, y un país que busca crecer necesita confianza en sus instituciones y procedimientos que no conviertan la ejecución en un nuevo litigio.