La Justicia argentina declaró este lunes crímenes de lesa humanidad el fusilamiento de cinco peronistas en junio de 1956, durante la dictadura que derrocó al presidente Juan Domingo Perón, atribuyendo al Estado la responsabilidad por la planificación y ejecución del operativo. Este fallo se produjo en el marco de un «juicio por la verdad» iniciado el 17 de junio para esclarecer los hechos ocurridos en un descampado de José León Suárez, Buenos Aires.

El caso fue revelado por el periodista Rodolfo Walsh en su libro ‘Operación Masacre’ (1957), que documentó cómo cinco civiles fueron ejecutados tras ser detenidos ilegalmente. La jueza Alicia Vence determinó que, tras un intento de levantamiento de un general peronista, doce personas fueron arrestadas en Florida y trasladadas a un basural en José León Suárez, donde fueron fusiladas en la madrugada del 10 de junio.

Los fusilados fueron identificados como Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Carlos Alberto Lizaso, Mario Brión y Vicente Rodríguez, mientras que otros siete sobrevivieron, entre ellos Juan Carlos Livraga, de 94 años, conocido como «el fusilado que vive». Su testimonio fue incorporado al juicio a través de una declaración escrita y una entrevista audiovisual.

La magistrada consideró probados delitos como allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía. También se atribuyeron responsabilidades a los líderes de la dictadura de entonces, Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas, así como a otros funcionarios policiales, todos fallecidos.

A pesar de que no se dictaron condenas penales debido a la muerte de los responsables, el fallo permite establecer responsabilidades y crear medidas de reparación para las víctimas y sus familias. Entre estas medidas se encuentran la rehabilitación del nombre de las víctimas, la publicación de la sentencia en boletines oficiales y la incorporación de los hechos en programas educativos.

Además, se ordenó la creación de un sitio de memoria en el lugar de los antiguos basurales y la inclusión de los fusilados en el registro de víctimas de violencia institucional del Estado. Este juicio fue impulsado por familiares de las víctimas, con el apoyo de organismos de derechos humanos, y contó con la declaración de testigos e investigadores que ayudaron a reconstruir los acontecimientos.

El fallo marca un avance significativo en la búsqueda de verdad y reparación por violaciones a los derechos humanos cometidas durante las dictaduras en Argentina.