Un grupo de abogados instó este miércoles a los familiares de personas fallecidas durante actuaciones de la Policía Nacional a acudir a la Fiscalía del Distrito Nacional para presentar querellas con documentos y evidencias que permitan investigar los casos. El abogado Carlos Balcácer habló en representación del grupo que depositó una querella contra el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, y varios miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) por presuntas irregularidades en muertes ocurridas durante la denominada “Clave 29”.

Balcácer exhortó a los familiares de las víctimas a acercarse a la Fiscalía y presentar sus quejas ante el fiscal Carlos Vidal, junto con la documentación que respalde sus denuncias. Al presentar la querella, el abogado aseguró que cuentan con videos y fotografías que, según él, evidencian la actuación de miembros del Dicrim en algunos de los incidentes cuestionados.

“Aquí tenemos videos, fotografías de oficiales del Dicrim interviniendo en ejecuciones; eso es importante que se sepa”, afirmó Balcácer. En relación a las presuntas irregularidades, mencionó el caso de una persona apodada “Lucifer”, indicando que hay un video donde se observa a miembros del Dicrim retirando casquillos de la escena del crimen.

El abogado relató que, tras la muerte de “Lucifer”, se puede ver en el video cómo tres personas se desmontan de una camioneta y, posteriormente, dos motocicletas del Dicrim llegan al lugar. Afirmó que los agentes en las imágenes habrían recogido casquillos, lo que considera debe ser investigado para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Balcácer también responsabilizó al director de la Policía Nacional, argumentando que los querellantes creen que él habría incurrido en una supuesta “inducción” para la comisión de los crímenes denunciados, que hasta ahora suman más de doscientos.

Además del mayor general Rodríguez García, la querella menciona al capitán Alexander Mercedes Reyes, identificado como comandante del Departamento de Investigación de Homicidios en San Pedro de Macorís. También se incluyen los capitanes Félix Gómez, Domingo Montero y Belén Morel, a quienes los abogados atribuyen participación en la muerte del joven Joel Henry Aponte.

Las imputaciones formuladas por los abogados no implican que se haya establecido responsabilidad penal contra los señalados. La querella también menciona a otros dos agentes del Dicrim cuyos nombres aún son desconocidos por los querellantes.

Los abogados sostienen que las fotografías, videos y otros documentos presentados junto con la querella son fundamentales para guiar las investigaciones del Ministerio Público y determinar la actuación de los agentes implicados. Buscan que la Fiscalía del Distrito Nacional investigue las circunstancias de las muertes, el manejo de las escenas y evidencias, así como la responsabilidad penal que pudiera surgir de estos hechos.