Los juristas Julio Cury y Fausto Jáquez expresaron su preocupación por la reciente modificación urgente de la Ley General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), argumentando que el uso frecuente de este mecanismo legislativo está afectando la calidad de las políticas públicas y la seguridad jurídica en la República Dominicana.

En un comunicado de prensa, los abogados manifestaron su descontento por la rapidez con la que se aprobó la ley, que fue introducida en la tarde y declarada de urgencia, lo que genera sospechas sobre el proceso legislativo. Recordaron que en enero de 2025, esta misma ley fue modificada bajo la figura de urgencia, y ahora se busca implementar una contribución especial obligatoria basada en los ingresos brutos de personas jurídicas y entidades gubernamentales.

Los juristas señalaron que la imposición de nuevas cargas sin un proceso de consulta y un análisis de impacto económico resulta arbitraria. Afirmaron que cualquier contribución sobre ingresos, en lugar de utilidades, puede ser confiscatoria para empresas con márgenes de beneficio bajos, lo que afecta a sectores formales que ya cumplen con sus obligaciones tributarias.

Aunque apoyan el objetivo de reducir el impacto ambiental de productos como el foam y plásticos de un solo uso, consideran que el plazo de seis meses para sustituir toda la cadena de suministro de estos productos no toma en cuenta la realidad logística y comercial de los sectores de alimentos, distribución y servicio.

Los juristas también hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para que no repita la urgencia con la que se aprobó la ley en el Senado. Insistieron en que antes de aprobar cualquier modificación, se debe realizar un análisis económico independiente sobre la contribución especial propuesta y consultar formalmente a los sectores productivos y gremios empresariales.