El jurista y exjuez del Tribunal Constitucional Jottin Cury apoyó la regulación de la publicación de encuestas electorales por parte de la Junta Central Electoral (JCE), argumentando que esta medida busca preservar la equidad en los procesos democráticos y evitar la manipulación de la opinión pública. Cury se expresó durante su participación en el podcast Reseñas, donde abordó la controversia generada por la resolución de la JCE que limita la difusión de sondeos electorales.

El exmagistrado rechazó que la resolución constituya una violación a derechos fundamentales, explicando que no elimina ni restringe de manera absoluta la libertad de expresión ni la libertad de empresa, sino que regula su ejercicio en un contexto electoral. “Lo que se está es modulando el ejercicio de la libertad de expresión”, afirmó Cury.

Según Cury, las críticas a la medida se basan en la premisa de que hay una vulneración al contenido esencial de esos derechos, algo con lo que no está de acuerdo. Destacó que “las encuestas han pasado de ser herramientas científicas para ser instrumentos de manipulación política”, señalando que algunos estudios se utilizan para crear percepciones de ventaja electoral antes del inicio formal de las campañas.

El jurista considera que el objetivo de la resolución es prevenir que ciertos actores políticos utilicen los sondeos para influir en el electorado y posicionar candidaturas de manera anticipada. Además, Cury abordó las disposiciones del nuevo Código Penal relacionadas con la difamación y los contenidos en plataformas digitales, un tema relevante ante el crecimiento de las redes sociales.

“Estoy de acuerdo con muchas de esas disposiciones que condenan agresiones a la reputación y al honor de las personas”, manifestó. Sin embargo, advirtió que la aprobación de nuevas leyes no será suficiente si no se fortalecen las instituciones responsables de aplicarlas.

“Nada hacemos con leyes buenas si no hay instituciones que las apliquen”, sostuvo Cury, quien también enfatizó que uno de los principales desafíos de la República Dominicana es consolidar una cultura de respeto a la ley y fortalecer la institucionalidad. “El problema no está en modificar leyes ni constituciones, es en aplicarlas”, concluyó.