El jurista y magíster en Derechos Humanos Felipe Ramírez advirtió sobre los riesgos que representa el uso de la inteligencia artificial (IA) para los derechos fundamentales y la necesidad de establecer mecanismos que garanticen su aplicación ética y responsable. Ramírez hizo esta declaración durante la conferencia «Inteligencia artificial y derechos fundamentales: desafíos jurídicos contemporáneos», realizada en la Universidad Eugenio María de Hostos (Uniremhos).

El jurista explicó que la IA se ha integrado en la vida cotidiana y su avance presenta nuevos desafíos para la protección de los derechos ciudadanos. Destacó que el objetivo no debe ser frenar el desarrollo tecnológico, sino asegurar que las leyes se adapten a las necesidades actuales y a los retos futuros.

Ramírez señaló que esta tecnología puede afectar derechos protegidos por la Constitución, como la igualdad, la no discriminación, la intimidad y la protección de datos personales. También mencionó sus implicaciones en la administración de justicia y en la toma de decisiones mediante sistemas automatizados.

En este contexto, afirmó que los ciudadanos tienen derecho a saber cuándo una decisión se basa en inteligencia artificial, a recibir una explicación comprensible y a solicitar una revisión por parte de una persona. Aclaró que el Derecho no exige que todos comprendan los detalles técnicos, sino que puedan entender las razones detrás de una decisión y cuestionarla si les afecta.

«La tecnología debe ampliar las capacidades del Estado y de los profesionales, pero nunca sustituir la responsabilidad humana», enfatizó Ramírez. También se refirió al uso de la IA en procesos de selección de personal y aprobación de créditos, advirtiendo sobre la necesidad de evitar que los sistemas sean entrenados con información sesgada que pueda llevar a decisiones discriminatorias.

Recomendó que cada caso sea evaluado de manera individual y que exista supervisión humana, para que la responsabilidad y la decisión final no recaigan únicamente en la tecnología. Además, instó a proteger la intimidad y la información personal evitando el suministro de datos sensibles en herramientas de IA utilizadas para redactar documentos.

Durante su exposición, Ramírez también abordó el Decreto núm. 787-26, que aprueba el Código de Ética para el uso de la Inteligencia Artificial en el sector público, y llamó a las empresas privadas y universidades a tomarlo como referencia para desarrollar sus propios manuales de uso ético de esta tecnología.

Finalmente, sostuvo que el progreso tecnológico debe evaluarse no solo por la velocidad de la innovación, sino también por la protección de los valores y derechos fundamentales de los ciudadanos.