La Junta Central Electoral (JCE) ha decidido prohibir las encuestas y sondeos fuera de los plazos establecidos por la ley para preservar el equilibrio democrático en el país. Esta medida responde a la preocupación por el crecimiento anticipado de dinámicas proselitistas y posicionamiento político en la vida pública nacional. La JCE tiene la responsabilidad de garantizar que las reglas electorales sean respetadas por todos los actores políticos.

Es fundamental que las disposiciones de la JCE sean observadas con responsabilidad institucional, sin ceder a intereses circunstanciales. Además, es necesario reconocer que quienes administran el poder gubernamental manejan recursos públicos y desarrollan programas sociales que pueden influir en el posicionamiento político, lo que requiere un ejercicio prudente del poder.

El desafío no radica únicamente en la publicación de encuestas, sino en mantener condiciones de equilibrio en la competencia política. El aparato estatal posee capacidades económicas y mediáticas que superan a las de cualquier organización opositora, lo que complica la equidad en el proceso electoral.

La institucionalidad electoral debe ir más allá del control de mediciones políticas y abordar las prácticas de promoción anticipada vinculadas al ejercicio del poder público. La equidad democrática exige coherencia y respeto a las reglas que sustentan el sistema electoral.

República Dominicana ha alcanzado niveles significativos de estabilidad democrática en las últimas décadas. Sin embargo, esta estabilidad requiere moderación de todos los sectores políticos, especialmente de quienes ejercen el poder, para evitar la confusión entre intereses electorales y el Estado.

Cuando el Estado se mezcla con intereses electorales, se deteriora la confianza ciudadana en la imparcialidad del sistema democrático y en la credibilidad de sus instituciones. La JCE busca, con su decisión, fortalecer la democracia y asegurar un proceso electoral justo y equilibrado.