El abogado constitucionalista Julio Cury criticó a la Procuraduría General de la República (PGR) por centrar su lucha contra la corrupción en exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con el fin de perjudicar la imagen de esa organización política ante el electorado. Cury se pronunció en defensa del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, quien está implicado en el caso Calamar.
El jurista afirmó que el proceso judicial contra Peralta se basa en una «fabricación interesada de culpables» en hechos en los que, según él, el exfuncionario no participó. Cury argumentó que la PGR ha adoptado un enfoque asimétrico, centrado en funcionarios del PLD, para inhabilitar moralmente al partido frente a los votantes.
Detalles del caso
Las declaraciones de Cury se producen antes de la decisión que debe emitir este viernes la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, sobre el proceso judicial que involucra a Peralta. Durante la audiencia preliminar del 29 de enero de 2026, la defensa de Peralta argumentó que el expediente presentado por el Ministerio Público representa una «degradación del estándar probatorio».
Los abogados defendieron que el órgano acusador ha intentado sostener sus acusaciones con una gran cantidad de documentos que, según ellos, no son pruebas válidas ni están directamente relacionadas con los hechos imputados. A pesar de que el Ministerio Público afirma contar con más de 2,000 pruebas, la defensa indicó que el expediente solo contiene 1,691 documentos, de los cuales solo 134 están relacionados con Peralta.
La defensa también cuestionó la validez de muchos de estos documentos, alegando que carecen de pertinencia y utilidad en relación con los hechos investigados. Además, se mencionó la inclusión de documentos en inglés sin traducción al español y la presentación de evidencias que corresponden a hechos ocurridos años antes del periodo investigado.
Asimismo, la defensa denunció la incorporación de documentos repetitivos con la intención de crear una percepción de gran volumen probatorio ante el tribunal y la opinión pública. También se criticó el uso de estrategias mediáticas que buscan generar condenas sociales anticipadas antes de que se emita una sentencia definitiva.
Los abogados señalaron que el Ministerio Público ha investigado exhaustivamente la vida económica, familiar y social de Peralta desde 2021 sin encontrar evidencias incriminatorias directas. En este contexto, la defensa enfatizó que el proceso tiene una clara dimensión política, aunque insistió en que el debate debe centrarse en el ámbito jurídico y probatorio.
Finalmente, la defensa recordó el caso Antipulpo, donde varios acusados fueron llevados a juicio y luego descargados por falta de pruebas, subrayando la importancia de que los jueces actúen como un filtro ante acusaciones débiles o carentes de fundamento probatorio.
