El juicio por corrupción en Venezuela avanza con la presencia de **Tareck El Aissami**, quien enfrenta una pena de hasta **30 años de prisión**, junto a otras **63 personas** acusadas. Las autoridades estiman el daño patrimonial en **5.550 millones de dólares**, mientras que la ONG **Transparencia Venezuela** lo eleva a **16.900 millones de dólares**. El proceso judicial, que comenzó el **20 de abril**, se desarrolla en el **Palacio de Justicia de Caracas**, con acceso restringido a la prensa y familiares.

En la audiencia del **12 de junio**, El Aissami y los demás imputados negaron las acusaciones, según un informe de abogados defensores. Este juicio se había congelado tras la detención de El Aissami en **2021**, quien fue ministro de Petróleo y vicepresidente de **Nicolás Maduro**, así como alto funcionario durante el gobierno de **Hugo Chávez**. Las audiencias se llevan a cabo con fuertes restricciones, permitiendo solo cuatro cupos para familiares directos, quienes deben esperar desde la madrugada.

Condiciones de detención y denuncias de abusos

El Aissami, de **51 años**, apareció en su primera comparecencia el **8 de mayo** en silla de ruedas, tras dos años sin información sobre su estado. Según sus abogados, se aferra a una carpeta de documentos para refutar las acusaciones y ha expresado sentirse responsable de involucrar a personas inocentes. Testigos informaron que, en una audiencia a principios de junio, El Aissami mencionó que se siente «cerca de la muerte» por falta de atención médica.

Los abogados del exfuncionario han responsabilizado a la jueza **Alejandra Romero** por violaciones a los derechos humanos, destacando que El Aissami necesita una operación urgente. La mayoría de los acusados están recluidos en **El Rodeo 1**, una cárcel denunciada como centro de tortura. Uno de los detenidos, el banquero **Carmelo De Grazia**, relató haber estado en condiciones extremas en calabozos de la **Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)** antes de su traslado a El Rodeo 1.

De Grazia también declaró que fue obligado a cambiarse de ropa y a realizar una videollamada para vender sus acciones de **Compass Bank** bajo coacción. Su esposa, **Marianna Parra**, afirmó que el proceso judicial es un «robo» y que se está tratando de ocultar la verdad. Los acusados han denunciado problemas técnicos en las audiencias por videoconferencia, describiendo la conexión como «pésima» y el audio deficiente.

La jueza justificó la celebración de audiencias telemáticas por razones de seguridad tras un incidente con el vehículo de traslado de los detenidos. En la última audiencia, se dejó constancia de que no se dispone de medios para videograbar el juicio, aunque se registra el audio.