Tres juezas de la Corte Penal Internacional (CPI) sancionadas por Estados Unidos presentaron una demanda el miércoles contra el presidente Donald Trump y altos funcionarios de su gobierno, alegando que las medidas en su contra «no tienen precedentes». La demanda fue interpuesta en una corte de Nueva York.

Las juezas Kimberly Prost de Canadá, Solomy Balungi Bossa de Uganda y Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou de Benín argumentan que las sanciones buscan «ejercer presión extrajudicial» y solicitan que se levanten las restricciones impuestas. En el documento judicial de 66 páginas, afirman que la imposición de tales sanciones contra jueces internacionales es sin precedentes.

La administración Trump ha impuesto sanciones a al menos 11 funcionarios de la CPI, incluido su fiscal jefe, que consisten en prohibiciones para viajar y congelación de activos. Estas sanciones han sido en respuesta a investigaciones de la CPI contra Israel, un aliado clave de Estados Unidos.

En 2024, la corte emitió una orden de captura contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra. La demanda sostiene que las sanciones buscan castigar a las juezas por decisiones judiciales previas y obligarlas a priorizar intereses privados sobre la ley y los hechos.

Las juezas describen las sanciones como «equivalentes a la pena de muerte financiera», ya que les impiden utilizar tarjetas de crédito, acceder a servicios bancarios y usar plataformas como Amazon y Google.

Además de Trump, la demanda incluye a Marco Rubio (secretario de Estado), Scott Bessent (secretario del Tesoro), Todd Blanche (fiscal general encargado) y Bradley Smith (director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros).

Estados Unidos, Israel y Rusia son algunos de los países que no reconocen a la CPI, que cuenta con el respaldo de casi todas las democracias occidentales. La corte fue establecida en 2002 como una instancia de último recurso para asegurar la responsabilidad cuando los países carecen de sistemas legales adecuados.

Durante el primer mandato de Trump, Estados Unidos también tomó acciones contra el fiscal jefe de la CPI para bloquear una investigación sobre posibles crímenes durante la guerra de Estados Unidos en Afganistán. La administración del expresidente Joe Biden levantó esas sanciones.