Una jueza federal de Virginia suspendió temporalmente un fondo de casi 1.800 millones de dólares creado por el Gobierno de Estados Unidos para compensar a aliados del expresidente Donald Trump, quienes, según la Administración, fueron perseguidos políticamente durante el mandato de Joe Biden.

La magistrada Leonie Brinkema ordenó detener cualquier acción relacionada con el denominado “Fondo contra la Instrumentalización”, lo que incluye la transferencia de dinero y la evaluación de reclamaciones, mientras se desarrolla el litigio judicial en curso.

En su fallo, Brinkema consideró necesario evitar que los fondos sean distribuidos “de manera irreversible” antes de analizar la demanda presentada por los opositores al programa. La jueza ha fijado una audiencia para el próximo 12 de junio para escuchar los argumentos de ambas partes y decidir si la suspensión debe extenderse.

Este fondo fue creado como parte de un acuerdo con la Fiscalía, que permitió a Trump retirar una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones tributarias a los medios.

Entre los posibles beneficiarios del fondo se encuentran personas condenadas por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, un evento que sigue generando divisiones políticas en el país. Dos agentes que estuvieron presentes durante los disturbios han demandado para bloquear el programa, calificándolo de “farsa corrupta” y señalando que se financia con dinero de los contribuyentes para favorecer a insurrectos.

La controversia ha intensificado el debate político en Washington, donde algunos congresistas demócratas y republicanos buscan limitar el uso de fondos públicos para beneficiar a aliados políticos de Trump. El Departamento de Justicia aclaró que, como parte del acuerdo, Trump y sus hijos, Donald Trump Jr. y Eric Trump, así como la Organización Trump, solo recibirán una disculpa formal sin compensación económica.

Esta decisión judicial añade un nuevo capítulo a las disputas legales y políticas que enfrenta Trump en el contexto de la campaña electoral estadounidense, mientras sectores políticos y organizaciones civiles cuestionan el uso de recursos públicos para compensar a figuras involucradas en investigaciones judiciales.

Analistas sugieren que este caso podría establecer un precedente importante sobre los límites del poder ejecutivo y la gestión de fondos federales en controversias políticas y judiciales.