Una jueza federal, Trina Thompson, ordenó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que cese las amenazas de procesamientos penales a funcionarios electorales estatales y locales en relación con las disputas sobre los requisitos para votar, a pocos días de las elecciones de medio mandato. La decisión se tomó en el tribunal federal del distrito norte de California.

La magistrada también prohibió a la Administración del presidente Donald Trump exigir la eliminación de votantes de los padrones electorales, rechazar la entrega de papeletas a ciertos electores o separar los votos emitidos en noviembre por dudas sobre la elegibilidad. Esta orden fue emitida en respuesta a una demanda presentada por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) y otros grupos.

Además, el fallo obliga al Departamento de Justicia a notificar a los funcionarios estatales y locales que recibieron advertencias sobre posibles procesamientos que dichas amenazas están prohibidas. Thompson argumentó que es fundamental que los trabajadores electorales puedan realizar sus funciones de acuerdo con la legislación federal y los procedimientos electorales.

Este fallo se suma a otras decisiones judiciales que han rechazado las iniciativas del Gobierno para revisar la elegibilidad de votantes. Recientemente, el juez federal David Carter desestimó una solicitud del Departamento de Justicia para anular hasta 20,000 votos de personas identificadas como posibles no ciudadanas en California.

El viernes, un tribunal de apelaciones mantuvo vigente esa decisión, lo que refuerza la protección de los derechos de los votantes en el estado. La situación refleja un creciente escrutinio sobre las acciones del Gobierno en relación con la administración electoral.