La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ha decidido enviar a juicio a 35 de los 40 acusados en un caso de presunta corrupción administrativa que involucra a varios exfuncionarios, tras más de tres años de investigación y cientos de pruebas documentales. La magistrada consideró que existen elementos probatorios suficientes para que un tribunal determine la culpabilidad o inocencia de los imputados.

Entre los acusados que irán a juicio se encuentra el exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, quien es señalado como una figura clave en la supuesta estructura de corrupción. También están involucrados el abogado Ángel Lockward y varias personas físicas y jurídicas relacionadas con el expediente.

Sin embargo, la jueza dictó autos de no ha lugar a favor de José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia, y Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, entre otros tres imputados, al concluir que las pruebas presentadas no eran suficientes para justificar un juicio en su contra.

Esta decisión ha sido interpretada de manera diferente por ambas partes. El Ministerio Público considera que ha logrado un avance significativo al enviar a la mayoría de los acusados a juicio, mientras que las defensas de los beneficiados argumentan que el fallo revela debilidades en la acusación.

El proceso judicial avanza

A pesar de la apertura a juicio, es importante aclarar que esto no implica una condena. La audiencia preliminar tiene como objetivo establecer si hay pruebas suficientes para justificar un juicio, y no determina la culpabilidad de los acusados. El juez de instrucción solo decide si la acusación tiene una base probatoria mínima para ser discutida en un tribunal de fondo.

El auto de apertura a juicio es una resolución clave en el proceso penal dominicano, ya que permite que el caso sea conocido por un tribunal de juicio. Este documento describe los hechos atribuidos a los imputados, la calificación jurídica de esos hechos y las pruebas admitidas para el juicio.

Por otro lado, el auto de no ha lugar pone fin al proceso para aquellos beneficiados, aunque la historia judicial no ha terminado. El procurador adjunto Wilson Camacho anunció que apelará esta decisión, argumentando que la jueza no valoró adecuadamente las pruebas que vinculan a los beneficiados con el caso.

El futuro del caso

La apelación será conocida por la Corte de Apelación, que podrá confirmar los autos de no ha lugar o revocar la decisión y ordenar que esos imputados sean enviados a juicio. Mientras tanto, el juicio para los 35 acusados puede continuar su curso, lo que significa que el proceso podría avanzar hacia la etapa de juicio de fondo.

El Ministerio Público enfrenta ahora el reto de demostrar ante un tribunal que las pruebas recopiladas son suficientes para sostener acusaciones de delitos graves, como asociación de malhechores, desfalco, soborno y lavado de activos. La carga de la prueba recae sobre los fiscales, quienes deberán probar más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal de cada acusado.

Este caso se ha convertido en una prueba institucional para el sistema judicial dominicano, junto a otras investigaciones importantes en materia de corrupción. La decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción marca un punto de inflexión, abriendo la puerta a un juicio que podría extenderse durante meses o incluso años.