La jueza Army Ferreira, del Tribunal Constitucional (TC), alertó sobre los riesgos que implica el uso de la inteligencia artificial en la administración de justicia, al considerar que delegar decisiones que afectan derechos fundamentales puede comprometer la función judicial y los principios del Estado constitucional. Su advertencia se produjo durante el Foro de Jueces de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), celebrado en Suiza.
Ferreira destacó que, aunque la inteligencia artificial ha impulsado el desarrollo industrial y tecnológico, su aplicación en el ámbito judicial presenta desafíos significativos. Afirmó que la justicia requiere un proceso individualizado y humano, en lugar de respuestas automáticas y estandarizadas.
La magistrada no se opone al uso de herramientas digitales, pero enfatiza la necesidad de evaluar su impacto antes de su implementación. Mencionó que los riesgos asociados a la inteligencia artificial incluyen aspectos éticos, sociales y de privacidad que pueden afectar la vida de las personas.
Entre los peligros que enumeró se encuentran los sesgos algorítmicos, que pueden replicar o amplificar prejuicios existentes, así como la recopilación masiva de información personal que incrementa los riesgos de privacidad. También advirtió sobre la generación de información inexacta y la falta de transparencia en muchos sistemas avanzados.
Ferreira cuestionó la labor de los jueces en este contexto, subrayando que su función es tomar decisiones que afectan derechos fundamentales. En la actualidad, el uso de herramientas de inteligencia artificial se ha vuelto común en la administración de justicia, facilitando la gestión de procesos y la documentación de actuaciones.
En la República Dominicana, ya se han emitido fallos judiciales con el apoyo de la inteligencia artificial. La Sentencia núm. 249-04-2025-SSEN-00095, dictada el 14 de agosto de 2025, fue un hito al ser el primer fallo que admitió formalmente el uso de la IA en su fundamentación.
Otro caso relevante es la Sentencia núm. SCJ-SS-26-0176, que involucró un caso de violencia intrafamiliar y la supuesta adulteración de un video mediante inteligencia artificial, estableciendo un precedente en materia procesal. Además, el Poder Judicial dominicano implementó un plan piloto para la tramitación automática de solicitudes de prescripción de multas de tránsito, logrando reducir en un 86 % el tiempo de respuesta.
Ferreira concluyó su intervención citando al profesor Luis Greco: «El proceso penal tiene alma… la IA puede producir sonidos, pero nunca hará música».
