Un juez federal de Estados Unidos declaró ilegal la política de la administración del presidente Donald Trump que imponía un cobro de 100.000 dólares a las nuevas solicitudes de visas H-1B, utilizadas por empresas para contratar trabajadores extranjeros altamente cualificados. La decisión, emitida por el juez Leo Sorokin, representa un revés significativo para la Casa Blanca en materia migratoria y laboral, al considerar que el Gobierno excedió sus facultades al establecer la tarifa sin autorización del Congreso.

La demanda que llevó a esta resolución fue presentada por una coalición de 20 estados, liderada por California, donde se encuentran numerosas compañías tecnológicas que dependen de este mecanismo para reclutar talento internacional. Sorokin argumentó que la administración federal “se extralimitó” al imponer el cobro de manera unilateral, ya que este equivale a un impuesto que solo puede ser autorizado por el poder legislativo.

La tarifa fue anunciada en septiembre por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien justificó la medida diciendo que buscaba incentivar a las grandes corporaciones a contratar más trabajadores nacionales. Sin embargo, el tribunal concluyó que el Ejecutivo no tiene la autoridad para establecer una carga económica de tal magnitud sin respaldo del Congreso.

Las visas H-1B permiten a empresas contratar profesionales extranjeros en áreas como tecnología, ingeniería, medicina y finanzas, con un límite anual de 65.000 visas, además de 20.000 adicionales para personas con títulos de maestría o grados superiores obtenidos en universidades estadounidenses.

La decisión judicial es vista como una victoria para las empresas que requieren mano de obra especializada y para miles de profesionales extranjeros que aspiraban a trabajar en Estados Unidos bajo este programa. Diversos sectores empresariales y organizaciones, como la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, habían expresado su preocupación por el impacto de la medida, advirtiendo que afectaría no solo a la industria tecnológica, sino también a sectores como la agricultura y la salud.

La directora de Relaciones Gubernamentales de AILA, Shev Dalal-Dheini, criticó la iniciativa, afirmando que fue diseñada para generar incertidumbre entre empleadores y trabajadores extranjeros. Además, expertos en inmigración cuestionaron la falta de claridad sobre la implementación de la tarifa, especialmente en cuanto a posibles exenciones y criterios para nuevos solicitantes.

A pesar de este fallo, se espera que la administración Trump evalúe nuevas acciones legales para defender una medida que consideraba clave para priorizar la contratación de trabajadores estadounidenses. Este caso también reabre el debate sobre el equilibrio entre la protección del empleo nacional y la necesidad de atraer talento internacional en sectores donde la demanda supera la oferta disponible en el mercado laboral estadounidense.