El juez Franni González, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, modificó la calificación jurídica del caso del colapso de la discoteca Jet Set, pasando de homicidio involuntario a «homicidio voluntario y golpes y heridas voluntarios por medio del dolo eventual». Esta decisión fue tomada tras la solicitud de las víctimas afectadas por el incidente, que ocurrió el 28 de marzo.

Durante su exposición, el magistrado argumentó que los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados en el caso, tenían conocimiento del deterioro del techo del establecimiento y recibieron advertencias sobre las condiciones de la discoteca antes del colapso. González enfatizó que las pruebas presentadas respaldan la teoría de la Fiscalía, que sostiene que la tragedia pudo haberse prevenido.

El juez afirmó que lo ocurrido «no fue un simple accidente imprevisible», citando que existían múltiples señales que indicaban el peligro real e inminente de la estructura. «Se pudo prevenir, se tenía advertencia y no debió suceder», expresó González, refiriéndose a los argumentos del Ministerio Público.

González también subrayó que la calificación inicial de homicidio involuntario no correspondía a las circunstancias del caso, ya que los imputados tenían «conocimiento pleno del deterioro del techo» y recibieron «informaciones documentadas» sobre los riesgos. A su juicio, el peligro superaba los riesgos ordinarios asociados a un establecimiento comercial.

El magistrado indicó que los responsables de la discoteca decidieron mantenerla en funcionamiento a pesar de conocer la situación del techo. «El tribunal no verifica una conducta irrelevante del derecho penal, sino, por el contrario, una conducta relevante del derecho penal», afirmó.

González destacó que quienes tenían a su cargo la discoteca estaban al tanto de la situación del techo antes del colapso, gracias a las informaciones comunicadas por Manuel Jiménez y Gregorio Adamés. A partir de estos elementos, el juez sostuvo que los imputados tuvieron la oportunidad de intervenir para evitar el desplome.

El magistrado reiteró que la teoría de la Fiscalía había quedado respaldada hasta ese momento procesal y que la acusación contaba con suficiente respaldo probatorio. «La teoría fiscal a la que se adhieren algunas partes querellantes y actores civiles tiene soporte probatorio», sostuvo.

Finalmente, González explicó que la modificación de la calificación jurídica se debía a que la teoría presentada por la Fiscalía no encajaba en delitos culposos, sino en delitos dolosos. La decisión implica que Antonio y Maribel Espaillat enfrentan ahora acusaciones más graves en relación al colapso de la discoteca.