El juez del Tribunal Constitucional, Alejandro Vargas, criticó al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) por discriminar a las personas mayores de 65 años, al mantener una resolución que limita la renovación de la licencia de conducir a solo dos años para este grupo etario.

La postura del magistrado coincide con la de un grupo de periodistas de El Nacional, quienes interpusieron un recurso de amparo, a través del abogado Alberto Tavárez, para solicitar la declaratoria de inconstitucionalidad de dicha resolución. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) tiene programado conocer el recurso el 18 de este mes.

Vargas compartió en su cuenta de X una ilustración en la que se ve al director del INTRANT, Mateo Morrison, barriendo una licencia de un envejeciente, acompañada del título: “Barriendo la dignidad de los envejecientes”.

El juez relató que el pasado viernes intentó renovar su licencia de conducir y le informaron que, debido a su edad, solo podría renovarla por dos años. Explicó que, aunque no se sintió enojado, sí le frustró la situación, ya que considera que en un Estado Social y Democrático de Derecho todos deberían ser tratados de manera igual ante la ley.

Vargas citó el artículo 39 de la Constitución, que prohíbe la discriminación por motivos de edad, y enfatizó que el Estado tiene un deber positivo de protección hacia las personas mayores. Señaló que la edad no debería ser una presunción administrativa de incapacidad.

El magistrado concluyó que discriminar por edad es una forma de menospreciar la dignidad de los envejecientes, lo que refleja una falta de igualdad ante la ley. Esta controversia ha generado un debate sobre los derechos de las personas mayores en el país.