Durante el paro judicial de 24 horas en el país, algunos jueces reprogramaron audiencias que estaban fijadas para este jueves 21 de mayo. Este reclamo de mejores condiciones laborales surge del «cansancio acumulado» y del «silencio e indiferencia» institucional, según explicaron los magistrados.
Entre los jueces que reprogramaron sus vistas se encuentran la jueza Clara Luz Almonte de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional y la jueza Patricia Padilla del Segundo Juzgado de Instrucción. Padilla tenía que conocer un caso relacionado con el robo de pertrechos y municiones de la Policía.
Algunos tribunales permanecieron cerrados, con avisos que indicaban que el cierre era por el paro. El abogado Adolfo Serrano, quien tenía una audiencia programada, mencionó que algunas partes podrían solicitar nuevas fechas debido a que las fijadas por la jueza Almonte no les convenían.
Por su parte, el licenciado Juan Alfredo Feliz Rincón comentó que, a pesar del paro, recibió atención en un tribunal del Distrito Nacional, aunque reconoció que «la mayoría de los servicios están suspendidos».
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional fue el único tribunal que se mantuvo abierto para garantizar la presentación de detenidos ante un juez dentro del plazo constitucional. En este día, solo se conocieron 8 casos, muy por debajo del promedio diario de entre 18 y 21 expedientes.
Los jueces y servidores judiciales manifestaron que el paro fue una medida necesaria tras un largo proceso de solicitudes a las autoridades, que resultó en «silencio, indiferencia e irrespeto». Aseguraron que enfrentan un agotamiento por las carencias en el sistema judicial, mientras se ejecuta un presupuesto que consideran mal administrado.
Criticaron que el presupuesto del Poder Judicial se destina a «cuestiones superfluas» en lugar de mejorar las condiciones laborales. También señalaron que los salarios de secretarios y empleados administrativos superan los de los jueces, quienes no reciben bonos ni incentivos.
Los magistrados expresaron que han agotado todos los medios posibles para llamar la atención sobre la crisis en la administración de justicia, pero han recibido como respuesta «silencio e indiferencia».

