La privación de libertad en República Dominicana se ha vuelto una decisión rápida para los jueces, quienes dictan prisión preventiva en menos de 15 minutos en muchos casos, lo que ha generado un grave hacinamiento en las cárceles. Actualmente, hay 16,950 presos preventivos, cifra que supera ampliamente a los 8,928 condenados, según datos del sistema penitenciario.
En el Distrito Nacional, los jueces de instrucción conocen un promedio de 20 casos diarios, y la mayoría de las audiencias concluyen antes del mediodía con sentencias de prisión preventiva. Este fenómeno contrasta con los casos de corrupción, que pueden tardar hasta dos semanas en resolverse.
A diferencia de otros países, como Estados Unidos, donde la libertad condicional es casi obligatoria, en República Dominicana la prisión preventiva se ha normalizado. Estadísticas indican que los jueces acogen alrededor del 96% de las solicitudes de prisión preventiva del Ministerio Público, mientras que solo 4% son rechazadas o archivadas.
En el análisis de 41,557 solicitudes de medidas de coerción, 39,905 fueron aceptadas, lo que refleja un alto nivel de acatamiento por parte de los jueces. En el Distrito Nacional, el porcentaje de acogida de prisión preventiva es aún mayor, alcanzando el 49% en un cuatrimestre de solicitudes.
El 26% de los imputados que reciben garantía económica quedan técnicamente en libertad, aunque muchos permanecen en prisión por falta de recursos económicos. Esta situación ha sido señalada por Roberto Santana, titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, quien ha advertido sobre la crisis operativa del sistema penitenciario.
La alta cantidad de presos preventivos se ha convertido en un desafío significativo, afectando la operatividad y las condiciones de los recintos. Actualmente, los Centros de Corrección y Rehabilitación tienen una población de 25,878 internos, de los cuales 65.5% son preventivos.
En la fortaleza de La Vega, por ejemplo, hay alrededor de 1,900 internos, de los cuales 1,600 son preventivos, lo que genera constantes movilizaciones hacia los tribunales y una sobrecarga logística. Santana ha enfatizado que la lentitud procesal mantiene a muchos internos meses sin juicio.
Las autoridades penitenciarias y la Defensa Pública coinciden en que la combinación de la lentitud procesal y el uso extendido de la prisión preventiva, presente en cerca del 85% de los procesos judiciales, son factores clave en la saturación de los recintos penitenciarios.

