La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva a Juan Francisco Quezada Tolentino, alias Pável, señalado por el Ministerio Público como el autor intelectual del asesinato de Luis Alberto Méndez de la Cruz, alias Nano, ocurrido el 5 de marzo de 2026 en el sector Los Ríos.
La jueza Ana Lee Florimón dictó la medida tras acoger la solicitud del fiscal Héctor Sánchez, del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona de la Fiscalía del Distrito Nacional. Quezada Tolentino habría planificado el crimen junto a Luis Ángel Sánchez de los Santos, alias Boca, y otro hombre identificado como Jean Carlos, quienes aún están prófugos.
El expediente indica que los presuntos autores materiales se trasladaron en un vehículo Daihatsu Mira hasta la residencia de la víctima, donde le dispararon en múltiples ocasiones. Méndez de la Cruz falleció mientras recibía atención médica en un centro de salud.
Durante las investigaciones, el Ministerio Público analizó cámaras de videovigilancia, testimonios y datos tecnológicos que permitieron reconstruir el recorrido del vehículo utilizado, el cual había sido rentado y contaba con sistema GPS. Además, se recuperaron prendas de vestir y se obtuvieron informaciones sobre comunicaciones entre personas vinculadas al caso.
Quezada Tolentino fue arrestado el 2 de julio mediante una orden judicial y deberá cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XI) de San Pedro de Macorís. La revisión obligatoria de la medida está fijada para el 12 de octubre de 2026.
El Ministerio Público también investiga a Quezada Tolentino como presunto cabecilla de una red dedicada a actividades delictivas, incluyendo sicariato, tráfico de armas, secuestros y cobros compulsivos. Se le atribuyen violaciones a varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley 631-16 sobre Armas.
En otro proceso penal, Quezada Tolentino enfrenta cargos por tentativa de homicidio en un hecho ocurrido el 10 de mayo de este año en el sector La Esperanza, de Los Ríos, donde un tribunal le impuso una garantía económica de RD$300,000, presentación periódica e impedimento de salida del país.
