La muerte del joven Darlin Mercado Reyes, de solo 17 años, a manos de un agente policial en Herrera, ha generado una ola de indignación en la República Dominicana. Este trágico suceso ha sido condenado por el presidente de la República y la ministra de Interior y Policía, pero la población exige más que justicia; clama por garantías de que una tragedia similar no se repita.

Este incidente no es un hecho aislado, ya que se suma a una serie de casos denunciados por ciudadanos y organizaciones sociales que critican el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional. La misión de esta institución debe ser la protección de la vida y el respeto a los derechos fundamentales, principios que deben guiar su actuación.

A pesar de los anuncios de reformas profundas en la Policía y la asignación de recursos públicos para su implementación, la ciudadanía se pregunta sobre los resultados concretos de estas medidas. La efectividad de una reforma no se mide solo por discursos, sino por la conducta de los agentes y el respeto a los derechos humanos.

En un Estado democrático, la fuerza pública no debe reemplazar al sistema de justicia. Ningún ciudadano debería perder la vida sin el debido proceso. La autoridad se fortalece cuando actúa con profesionalismo y respeto por la dignidad humana, principios establecidos en la carta universal de los derechos humanos y en la constitución dominicana.

La República Dominicana necesita una Policía Nacional que sea moderna, profesional y cercana a la ciudadanía, comprometida con la defensa de la vida y no con actuaciones que generen miedo e indignación. Los abusos de otros cuerpos de seguridad, como la AMET, también son parte de un patrón histórico de comportamiento que debe ser abordado.

Es fundamental que se pase de las promesas a los resultados, garantizando que ninguna familia dominicana tenga que sufrir la pérdida de un hijo debido a la violencia policial. La pregunta que surge es qué tipo de instrucción reciben los policías y quiénes son los responsables de sus acciones.