El abogado y catedrático José Manuel Jerez presentó ante el Tribunal Constitucional 27 acciones directas de inconstitucionalidad como parte de la «Iniciativa de depuración constitucional del ordenamiento jurídico dominicano», con el objetivo de cuestionar disposiciones que, según sus demandas, vulneran derechos y garantías reconocidos por la Constitución.

La iniciativa se centra en el examen de los códigos y ciertas leyes especiales. Las impugnaciones abordan temas como la igualdad, la capacidad jurídica, los derechos de las personas con discapacidad, la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la libertad sindical, entre otros.

Las acciones presentadas incluyen disposiciones sobre relaciones familiares y sucesorias, el ejercicio de derechos civiles, formalidades testamentarias y notariales, así como restricciones penales a ciertas expresiones. Cada acción especifica las reglas cuestionadas y desarrolla sus fundamentos constitucionales.

Jerez explicó que las instancias fueron diseñadas de manera independiente para facilitar el análisis particular de cada disposición y los argumentos que respaldan su impugnación. El Tribunal Constitucional será el encargado de decidir sobre la admisibilidad de estas acciones y si procede acoger las pretensiones planteadas.

El jurista destacó que el propósito de esta labor es asegurar que la supremacía constitucional tenga un impacto real en la legislación y en la vida de las personas. Afirmó que las disposiciones legales deben ser evaluadas en función de su compatibilidad con los derechos y garantías constitucionales, sin importar su antigüedad.

Esta primera etapa es parte de un esfuerzo continuo que incluirá la revisión de leyes orgánicas y ordinarias, reglamentos y otras disposiciones normativas de carácter general. El objetivo es identificar aquellas que presenten contradicciones con la Constitución y someterlas al control de la jurisdicción constitucional.

José Manuel Jerez, catedrático de Derecho Constitucional, se dedica a la investigación y divulgación sobre temas de interés público, buscando acercar el conocimiento jurídico y político a la ciudadanía y fomentar el debate sobre los derechos y las instituciones democráticas.