José Ángel Gómez Canaán (Jochi) afirmó este viernes que enfrentará con determinación el juicio de fondo por el caso de la red semafórica del Gran Santo Domingo y que demostrará su inocencia durante el proceso judicial. Esta declaración se produjo tras la decisión del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de enviar el caso a juicio.
Gómez Canaán sostuvo que la acusación en su contra responde a intereses dirigidos a despojarlo de bienes y derechos que considera legítimos. “Se ha demostrado lo que desde el primer día se ha dicho. El Estado ha querido lo mío, yo no me doblegué e intentan quitármelo. Ahora vamos a juicio de fondo, vamos con todo”, expresó al salir de la audiencia.
Confianza en la justicia
El empresario también manifestó su confianza en la justicia dominicana y cuestionó las acusaciones de estafa contra el Estado, argumentando que no existe perjuicio económico que sustente ese cargo. Según alegó, el Estado mantiene obligaciones de pago millonarios pendientes derivadas de los contratos vinculados al proyecto de la red semafórica.
Aseguró que las deudas pendientes superarían los RD$1,100 millones, por lo que considera incompatible la acusación de estafa con la existencia de montos aún adeudados a las empresas de su propiedad.
Laura Acosta, abogada del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, aclaró que la decisión de apertura a juicio no implica culpabilidad y reiteró que la presunción de inocencia de su cliente permanece intacta. La jurista valoró el trabajo realizado por la jueza Yanibet Rivas durante el conocimiento de la audiencia preliminar.
Acosta sostuvo que la magistrada estructuró adecuadamente su resolución y explicó las razones por las cuales entendió que existen elementos suficientes para que el caso sea conocido en juicio de fondo. Sin embargo, insistió en que será durante esa etapa procesal cuando se determinará si las pruebas presentadas por el Ministerio Público son suficientes para sustentar una eventual condena.
Acusados y contexto del caso
Por el caso son procesados Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán, Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas. También están acusados Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Las personas jurídicas acusadas incluyen a Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L. Se alega que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a estas empresas, utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos.
El eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las empresas involucradas. Bajo su dirección, estas entidades conformaron un entramado criminal dedicado a la estafa contra el Estado.
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