El 8 de abril de 2025, el colapso del techo del centro de diversión Jet Set dejó un saldo de 236 muertos y más de 180 heridos, un evento sin precedentes en el país en este siglo. Actualmente, los imputados Antonio y Maribel Espaillat enfrentan un dilema jurídico-penal: el Ministerio Público propone calificar el caso como homicidio involuntario, mientras que el tribunal sugiere homicidio voluntario por dolo eventual.

La decisión del juez implica su desapoderamiento, ya que excede su competencia, y el envío del caso a un tribunal colegiado debido a la gravedad de las posibles penas según el Código Penal. El dolo eventual se refiere a situaciones donde, a pesar de no desear el resultado fatal, los responsables aceptan el riesgo por imprudencia o negligencia.

Para determinar la calificación adecuada, es crucial analizar si los imputados estaban al tanto del deterioro de la estructura y si ignoraron advertencias técnicas sobre el peligro, permitiendo que las actividades continuaran. Si se demuestra que aceptaron conscientemente el riesgo, la figura del dolo eventual podría ser relevante, aunque no haya intención de causar daño.

El nuevo juicio deberá evaluar la legalidad del dolo eventual y la norma aplicable, considerando que los procesados deben ser juzgados bajo el antiguo Código Penal, que no incluía esta figura. La defensa tiene derecho a conocer los cargos y contar con tiempo suficiente para presentar su caso, manteniendo la presunción de inocencia hasta que se emita una sentencia definitiva.

Es fundamental probar que los hechos encajan en la definición de homicidio voluntario por dolo eventual, evitando que la responsabilidad penal se base en la indignación pública o en la cobertura mediática. Las víctimas merecen justicia y una reparación efectiva, si corresponde, y el proceso debe establecer un precedente sobre la responsabilidad de quienes gestionan establecimientos abiertos al público.

La magnitud de la tragedia en el Jet Set es irreparable, pero la solución judicial debe ser objetiva, sin influencias emocionales o favoritismos. La justicia debe fundamentarse en la calidad de las pruebas y en la correcta aplicación de la ley, buscando siempre una resolución constitucional y legalmente justificada.