Las restricciones impuestas por la Junta Central Electoral (JCE) a la publicación de encuestas políticas han generado críticas sobre su capacidad para establecer limitaciones no contempladas en la ley. Este debate ha reactivado criterios del Tribunal Constitucional (TC) y cuenta con el respaldo de una reciente opinión de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
Finjus argumenta que la discusión no solo se centra en si la JCE tiene facultades para regular las encuestas, sino en si puede imponer restricciones a través de un reglamento que afecta derechos que deberían ser definidos por una ley aprobada por el Congreso Nacional. La entidad cuestiona si el reglamento cuenta con el respaldo legal necesario para limitar la actividad de las encuestadoras y prohibir la publicación de encuestas fuera de los plazos de precampaña y campaña electoral.
Cuestionamientos a la JCE
La Fundación sostiene que el reglamento podría afectar el acceso ciudadano a información esencial para la participación política en una democracia. Aunque reconoce que la JCE tiene potestad reglamentaria, enfatiza que esta debe desarrollar la ley, no sustituirla ni contradecirla.
Finjus advierte que cualquier reglamento que limite derechos fundamentales o que establezca restricciones no previstas en la ley es nulo por violar la supremacía constitucional. Este planteamiento coincide con criterios del TC, que ha establecido que los reglamentos deben respetar la ley en su letra y espíritu.
Uno de los aspectos más criticados es la disposición que limita la publicación de encuestas electorales al período de precampaña, que comenzará en julio de 2027. Los detractores argumentan que esta restricción contradice el artículo 216 de la Ley 20-23 de Régimen Electoral, que solo prohíbe la difusión de encuestas durante los ocho días previos a la votación.
El periodista y presidente del grupo ACD Media, Danny Alcántara, anunció que publicará una encuesta electoral el próximo lunes, a pesar de la entrada en vigencia del reglamento. Alcántara considera que la resolución es ilegal y planea explorar la vía constitucional para impugnarla.
El abogado Olivo Rodríguez Huertas señala que el problema radica en las restricciones añadidas por el reglamento, que no están contempladas en la ley. Por su parte, el abogado Julio Cury critica que la JCE haya trasladado un plazo de la Ley 33-18 sobre Partidos Políticos a la regulación de encuestas, lo que genera una sobre-restricción sin fundamento legal.
El sociólogo José del Castillo advierte que el impacto del reglamento va más allá de los partidos y encuestadoras, afectando también a los medios de comunicación y a la libertad de comercio. Finjus concluye que las restricciones prolongadas pueden crear una asimetría informativa, donde los actores políticos tengan acceso a encuestas para uso interno, mientras la ciudadanía queda excluida de esa información.
