El Gobierno de Argentina, bajo la dirección del presidente Javier Milei, ha tomado la controvertida decisión de bloquear el acceso de la prensa a la Casa Rosada.

Esta medida ha generado un fuerte rechazo entre periodistas, medios de comunicación y la oposición política.

Sin previo aviso, se deshabilitó el registro de huellas dactilares que permitía a unos 60 periodistas acreditados ingresar a la sede del Ejecutivo.

Esta acción afecta directamente su labor informativa diaria en la sala de prensa.

La decisión se produjo tras la denuncia judicial contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, quienes fueron acusados de grabar imágenes del interior de la Casa Rosada.

El Gobierno argumentó que la medida es una acción preventiva por motivos de seguridad nacional.

Reacciones a la medida

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su «máxima preocupación» por esta decisión, calificándola de «intempestiva» y sin precedentes en la historia democrática del país.

Esta situación afecta gravemente la libertad de expresión y el derecho a la información.

La periodista Tatiana Scorciapino, acreditada en la Casa Rosada, destacó que no han recibido ninguna comunicación oficial sobre las razones detrás de esta prohibición.

La medida ha sido calificada de «arbitraria» y sin justificación.

Los periodistas afectados planean presentar una acción de amparo ante la Justicia. Mientras tanto, una docena de diputados de diferentes bloques opositores se manifestaron en apoyo a los periodistas y solicitaron explicaciones urgentes al Gobierno.

Denuncias y advertencias

La diputada Mónica Frade afirmó que este Gobierno no tolera la cercanía de la prensa, ya que se están revelando aspectos que desean ocultar.

La situación ha generado un clima de tensión entre el Ejecutivo y los medios.

Por su parte, la diputada Marcela Pagano denunció penalmente a Milei por impedir el ingreso de los periodistas, advirtiendo que esta prohibición es un ataque a la libertad de expresión.

Amnistía Internacional también se pronunció en contra de esta medida, alertando sobre el deterioro del ambiente para el ejercicio del periodismo en Argentina.

La organización destacó que la intolerancia estatal hacia la crítica se ha convertido en una política de Estado.