El periodista Jaime Rincón denunció que Johanna del Carmen Madera García, acusada de robo de identidad y amenazas contra dos comunicadores de El Nuevo Diario, está utilizando tácticas dilatorias para retrasar el juicio en su contra. Rincón afirmó que, como víctimas, no abandonarán el caso, a pesar de los constantes aplazamientos.

La audiencia preliminar contra Madera García fue suspendida nuevamente por el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, debido a que la imputada no fue trasladada desde el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, donde cumple una condena de tres años por extorsión y usurpación de identidad. También influyó la ausencia injustificada de su abogado.

Compromiso de las víctimas

Rincón expresó su determinación de asistir a cada audiencia, incluso sugiriendo que llevaría una casa de campaña y una cocina móvil para permanecer en el tribunal. La jueza Yanibet Rivas reprogramó la continuación del proceso para el próximo 1 de julio.

El abogado de los comunicadores, Jean Cristofer Pérez, mostró su preocupación por los constantes aplazamientos que han impedido el avance del caso. Recordó que en ocasiones anteriores, la audiencia no pudo llevarse a cabo debido a certificados médicos presentados por la imputada o su incomparecencia.

Pérez subrayó que, a pesar de que estaban dadas las condiciones para celebrar la audiencia, la defensa de Madera García no se presentó y ella no fue trasladada desde el centro penitenciario. Aseguró que las víctimas y sus representantes legales seguirán asistiendo al tribunal hasta que se haga justicia.

Implicaciones legales

Consultado sobre las razones del no traslado de Madera García, Pérez indicó que no tenían información al respecto. El tribunal ordenó intimar a la alcaide del centro penitenciario para que explique las causas de la ausencia de la imputada.

Johanna del Carmen Madera García está implicada en la suplantación de identidad de Karla Jessiel Fitch Berges y en amenazas contra Rincón, su hija y Julio Samuel Sierra Gómez. Además, cumple una condena de tres años por usurpación de identidad, extorsión y chantaje, que finalizará el 15 de junio de 2029.