Las recientes inundaciones en República Dominicana han puesto de manifiesto la necesidad urgente de adoptar un modelo de protección social adaptativa.

Este enfoque busca anticipar, coordinar y responder de manera eficaz ante crisis climáticas, económicas y sanitarias.

En los últimos días, intensas lluvias han causado severas inundaciones en todo el país. Estos eventos han provocado daños significativos en viviendas e infraestructuras, revelando una debilidad estructural en la forma en que se manejan las crisis.

Los desastres no solo se miden en pérdidas materiales, sino también en la capacidad de las familias para recuperarse.

Los hogares más vulnerables son los que enfrentan los impactos más severos y, a menudo, carecen de las herramientas necesarias para su recuperación.

La necesidad de un cambio de enfoque

República Dominicana es un país expuesto a múltiples riesgos, donde fenómenos como huracanes e inundaciones representan casi el 90 % de los desastres.

A pesar de esta recurrencia, la respuesta sigue siendo predominantemente reactiva.

La respuesta del Estado, aunque valiosa, enfrenta desafíos en su articulación y oportunidad. Cada evento resalta la necesidad de un marco más integrado que permita anticipar y coordinar las intervenciones de manera más efectiva.

La protección social adaptativa se presenta como una solución viable. Este enfoque propone un cambio de paradigma, integrando la protección social y la gestión del riesgo de desastres para fortalecer la resiliencia de los hogares.

Avances y desafíos en la implementación

El país ha avanzado en la construcción de capacidades clave, como el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), que mejora la identificación de hogares vulnerables.

También se han implementado instrumentos como el Bono de Emergencia para respuestas más rápidas ante crisis.

A pesar de estos avances, aún falta un marco estratégico formal que articule estas iniciativas de manera sostenida.

La Estrategia Integral de Protección Social Adaptativa (EIPSA) busca llenar este vacío, organizando y potenciando las capacidades existentes.

Además, la estrategia propone el desarrollo de herramientas que faciliten su operativización, como un Registro Único de Afectados Sociales (RUAS) y un plan de coordinación que incorpore un enfoque de género.

La implementación de esta estrategia no solo es crucial para enfrentar desastres naturales, sino también para responder a choques económicos en un contexto global incierto.

La falta de institucionalización de este enfoque podría llevar a seguir operando bajo una lógica reactiva, con altos costos económicos y sociales.

La reciente crisis debe ser vista como una alerta y una oportunidad. Las herramientas y avances están presentes; solo falta dar el paso decisivo hacia la anticipación y la resiliencia.