El Ministerio de Interior y Policía (MIP) llevó a cabo un taller titulado “Formulación del Plan Estratégico Sectorial de Seguridad Ciudadana 2026-2035” en Santo Domingo, con el objetivo de fomentar la participación de instituciones públicas y del sector privado en la creación de un enfoque integral de seguridad ciudadana. Esta iniciativa busca establecer políticas públicas sostenibles y de largo plazo.

El evento reunió a representantes de diversas entidades del Estado, organismos especializados y actores del sector privado, promoviendo un enfoque articulado para fortalecer la convivencia pacífica y prevenir la violencia. La viceministra de Seguridad Preventiva en Sectores Vulnerables, Chandrai Estevez, enfatizó que la seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida que requiere la colaboración de todos los sectores de la sociedad.

Estevez destacó la importancia de la participación de diversas instituciones públicas y entidades privadas en la construcción de la seguridad ciudadana, señalando que esta se logra a través de la coordinación y el compromiso colectivo. Por su parte, el asesor de Seguridad Ciudadana del MIP, Pedro Guerrero, subrayó que ninguna política pública puede ser efectiva sin el respaldo de los actores sociales.

Durante el taller, se discutieron aspectos clave para la elaboración del plan, incluyendo la visión de largo plazo de la seguridad ciudadana, la estructura organizacional necesaria para su implementación y los desafíos del crimen organizado. La directora de Políticas Públicas del MIP, Laura Rodríguez, explicó que el plan debe alinearse con la Estrategia Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Rodríguez resaltó que la seguridad ciudadana no solo se trata de proteger a las personas y sus bienes, sino también de promover la convivencia pacífica y fortalecer la cohesión social. Además, enfatizó la necesidad de recoger las expectativas y aportes de instituciones y empresas como parte del proceso de diseño de políticas públicas más inclusivas.

El MIP considera que este proceso participativo es fundamental para mejorar las capacidades del Estado en la respuesta a los desafíos de la seguridad ciudadana, contribuyendo a una sociedad más segura y cohesionada. La iniciativa representa un paso importante hacia la construcción de comunidades más seguras en el país.