La inteligencia artificial (IA) se está integrando en el sistema de justicia penal, presentándose como una herramienta que clasifica expedientes, transcribe discursos y acelera procedimientos. Esta tecnología, aunque útil, plantea riesgos cuando los operadores del sistema no comprenden sus limitaciones, ya que no desafía los principios del proceso penal, sino que se convierte en una parte más de la tecnología existente.
La promesa de la tecnología es reducir el esfuerzo y minimizar errores, lo que es especialmente relevante en el ámbito penal, donde la mora judicial es un problema significativo. Sin embargo, la idea de que más rapidez equivale a mejor justicia es frágil, ya que el proceso penal está diseñado para ser justo, no necesariamente rápido. Cuando la velocidad se convierte en el objetivo principal, la prudencia puede ser vista como un obstáculo.
Riesgos de la IA en el sistema judicial
La IA se presenta como una forma de eficiencia superior, ya que no se fatiga ni se distrae, lo que puede llevar a algunos a considerarla objetiva. Sin embargo, esta supuesta objetividad es problemática, ya que los sistemas de IA aprenden de datos generados por decisiones humanas pasadas, que pueden estar marcadas por errores y sesgos. Al heredar estos datos, la IA normaliza injusticias históricas en lugar de observar la realidad de manera imparcial.
Cuando el Poder Judicial o el Ministerio Público implementan estos sistemas, es crucial que no se permita que se acerquen al núcleo decisional sin una reflexión crítica. De lo contrario, los patrones de selectividad penal pueden convertirse en regularidades técnicas, haciendo que la discriminación se considere un resultado estadísticamente coherente en lugar de una desviación reprochable.
Esto podría llevar a un escenario en el que la función del juez y del fiscal se transforme, pasando de ser evaluadores y decisores a validadores de recomendaciones técnicas. En este contexto, la inteligencia artificial sugeriría, el funcionario confirmaría y la institución ejecutaría, diluyendo la responsabilidad de la decisión y haciendo que nadie responda plenamente por ella.
Implicaciones éticas y legales
La literatura de ciencia ficción, como la de Isaac Asimov, advierte sobre los peligros de seguir reglas de manera estricta, lo que puede llevar a resultados contrarios a la moral. De manera similar, los sistemas algorítmicos en el ámbito penal pueden recomendar soluciones rígidas que favorezcan la privación de libertad, erosionando el examen individualizado de los casos.
El derecho penal se basa en la razón jurídica, donde cada caso es único y cada decisión implica una ponderación de valores. La inteligencia artificial, por su parte, opera mediante agregación y correlación, sustituyendo la interpretación humana por cálculos algorítmicos. Esto podría modificar la estructura ética del proceso penal, trasladando la legitimidad de las decisiones de la razonabilidad a la eficiencia.
Es fundamental que la modernización institucional no sustituya el juicio por predicción ni la deliberación por cálculo. Debe buscarse fortalecer la racionalidad jurídica con apoyo tecnológico, evitando que se disuelva en sistemas opacos que no responden al lenguaje del derecho. Es vital prevenir que el sistema de justicia se convierta en oficinas de ejecución algorítmica, recordando que su función constitucional es ejercer poder punitivo con responsabilidad.
El verdadero riesgo no es que la inteligencia artificial cometa errores, sino que acierte demasiado dentro de un marco conceptual que no se alinea con la justicia, donde las decisiones lógicas pueden ser correctas estadísticamente pero indiferentes moralmente.
