La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un desafío económico, social, institucional y democrático en la República Dominicana, donde la informalidad laboral promedió 54.1 % en 2025 y uno de cada cuatro jóvenes de 15 a 24 años está fuera del estudio, el empleo y la formación. Este contexto plantea la pregunta de cómo evitar que la transformación tecnológica amplíe la desigualdad y la exclusión social.

El debate global ya no se centra en si la IA transformará el mundo del trabajo, sino en la velocidad y profundidad de sus efectos. En el país, se espera que la automatización impacte primero en tareas rutinarias, lo que podría afectar los ingresos y la calidad del empleo, así como la demanda de nuevas competencias.

Desafíos y oportunidades en el contexto dominicano

Las zonas francas, especialmente los servicios de BPO y call centers, son segmentos que requieren atención, ya que las actividades intensivas en tareas repetitivas podrían transformarse rápidamente. Además, la economía digital presenta características tecnofeudalistas, como la concentración del poder tecnológico y el control desigual de las ganancias de productividad.

Ante esta transformación, es crucial fortalecer el capital humano y modernizar las capacidades institucionales. Las políticas sociales deben ir más allá de ser mecanismos compensatorios y articularse con el desarrollo productivo, la empleabilidad y la innovación, convirtiéndose en protectoras, inclusivas y estratégicas.

América Latina enfrenta problemas estructurales de informalidad y baja productividad, lo que hace que la brecha digital sea un tema de importancia. En 2022, solo el 21.5 % de la población dominicana de 10 años y más tenía conectividad significativa, lo que resalta la necesidad de convertir la tecnología en aprendizaje y oportunidades.

La necesidad de una gobernanza efectiva

La Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana (END-RD) debe ser repensada en función de las transformaciones que trae la IA y la automatización. Es esencial anticipar estos cambios y articular políticas que desarrollen capital humano y fortalezcan la institucionalidad.

La protección social debe garantizar ingresos y derechos, pero también conectarse con políticas de formación continua y reconversión de competencias. La IA puede mejorar la capacidad institucional del Estado, pero su implementación debe ir acompañada de transparencia y rendición de cuentas.

La magnitud de esta transformación exige una gobernanza que coordine respuestas efectivas. Se propone la creación de una Mesa Nacional de Inteligencia Artificial, Trabajo y Protección Social que involucre a diversos actores para acordar una hoja de ruta con prioridades y metas claras.

La dirección del cambio tecnológico y la calidad institucional son fundamentales para convertir la productividad en mejores empleos y oportunidades. La dimensión democrática también es crucial, ya que las desigualdades estructurales y la aceleración tecnológica pueden amenazar la cohesión social.

Finalmente, la ética en la transformación tecnológica debe centrarse en la dignidad de la persona y el bien común, asegurando que la tecnología sirva a las personas y no al revés. La capacidad de las instituciones para convertir la productividad en bienestar colectivo será clave en la era de la inteligencia artificial.