La llegada de la Inteligencia Artificial (IA) generativa ha provocado un intenso debate sobre su impacto en el Derecho de Autor en la República Dominicana. Un estudio reciente de los juristas Marco Antonio Morales Montes y Claudio Ossa Rojas destaca las tensiones que surgen entre la IA y la función de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), subrayando que la autoría humana es esencial para la protección jurídica. Este análisis se enmarca dentro de la Ley No. 65-00 y el Reglamento No. 362-01, así como el Convenio de Berna.
El estudio enfatiza que tanto el Convenio de Berna como la legislación dominicana reservan el estatus de «autor» exclusivamente a las personas físicas que crean obras intelectuales. Los algoritmos de IA, al carecer de personalidad jurídica, producen «meros productos» que no son considerados obras protegibles bajo la propiedad intelectual. Esto plantea un desafío en la delimitación de las competencias de la ONDA en el registro de estas creaciones.
Funciones de la ONDA y su Limitación Legal
Un punto crítico del debate es la posibilidad de que la ONDA asuma el rol de evaluador de originalidad en los registros. Sin embargo, según el artículo 151 de la Ley No. 65-00 y el artículo 57 de su reglamento, el registro de derechos de autor en el país es de naturaleza declarativa y no constitutiva. Por lo tanto, la ONDA no tiene la facultad de juzgar la calidad o originalidad de las obras que se presentan para su registro.
La ONDA actúa como un órgano pasivo y garantista, cuya función se limita a la recepción y certificación de las creaciones que cumplen con los requisitos administrativos. No puede ejercer un papel represivo ni convertirse en un tribunal de censura, lo que es fundamental para mantener la integridad del proceso registral.
Propuestas para un Registro Eficiente
Exigir que la ONDA emita juicios sobre la complejidad técnica de las obras generadas por IA podría desnaturalizar su función y contradecir el Convenio de Berna. En lugar de ello, se propone la implementación de formularios estandarizados que permitan a los solicitantes asumir la responsabilidad sobre la intervención humana en sus obras. Esto aseguraría la transparencia y la veracidad en el proceso de registro.
La ONDA debe seguir siendo un órgano pasivo y garantista, manteniendo su papel en la seguridad jurídica del registro. La discusión sobre la originalidad y validez del derecho de autor debe continuar siendo competencia de los tribunales, según lo establecido por la Constitución y la Ley No. 65-00. La adaptación a los avances tecnológicos no debe transformar a la ONDA en un ente evaluador, sino en un facilitador de la protección de la creatividad humana.
