La República Dominicana no requiere la creación de más instituciones para aparentar eficiencia, sino que necesita que las existentes cumplan mejor con sus funciones.

La implementación de fideicomisos, unidades ejecutoras y programas paralelos puede ofrecer agilidad a corto plazo, pero también puede incrementar el gasto y dispersar responsabilidades si no se justifican con resultados concretos.

Cuando un servicio público presenta fallas, la solución no debería ser crear una nueva institución.

Es fundamental cuestionar si el problema radica en la falta de recursos, debilidad técnica, mala coordinación o incumplimiento de las reglas ya establecidas.

En el país, se observa una tendencia creciente a abordar problemas públicos mediante la creación de nuevas estructuras.

Esto puede resultar en un Estado más grande y costoso, pero no necesariamente más eficaz.

La clave no es cuántas instituciones se crean, sino quién es responsable de los resultados y cómo se mide el gasto.

La realidad institucional

La República Dominicana no carece de un marco legal. Existen normas sobre administración pública, planificación, inversión y control interno. En teoría, hay suficientes reglas para que el Estado actúe con eficiencia y rendición de cuentas.

El problema radica en la débil disciplina institucional para aplicar estas normas. Aunque las leyes están en vigor, no siempre influyen en la toma de decisiones.

La planificación y la evaluación previa no garantizan la conveniencia de un proyecto, lo que lleva a la creación de nuevas entidades en lugar de optimizar las existentes.

Esta tendencia a crear nuevas estructuras puede parecer una solución rápida, pero a menudo resulta en un costo institucional elevado sin abordar las causas reales del problema.

Una nueva entidad solo es justificable si aporta valor público verificable, como mejorar servicios o aumentar la transparencia.

Duplicidad y responsabilidad

Los fideicomisos públicos, si se utilizan adecuadamente, pueden ser herramientas útiles para administrar recursos y financiar proyectos.

Sin embargo, el riesgo surge cuando se convierten en una arquitectura paralela que compite con instituciones ya establecidas.

El caso de FITRAM, que maneja proyectos de transporte masivo, ilustra esta problemática. Este fideicomiso interviene en un sector donde ya existen instituciones competentes, lo que genera preocupación por la falta de transparencia en su gestión.

La creación de nuevas entidades, como ECO5RD, añade complejidad a un sistema ya definido.

La falta de claridad en las competencias puede llevar a la duplicidad y a la pérdida de coherencia en la política pública, dificultando la identificación de responsabilidades en caso de fallas en el servicio.

Es crucial que el Estado priorice la organización antes de la creación de nuevas estructuras.

Un inventario de entidades y una matriz de competencias son pasos necesarios para asegurar que cada nuevo organismo realmente aporte valor público y no solo fragmentación.

La verdadera reforma del Estado no consiste en multiplicar instituciones, sino en hacer que las existentes funcionen de manera más efectiva.

Solo así se logrará una mejora real en la gestión pública, donde los ciudadanos puedan identificar claramente quién decide, quién ejecuta y qué resultados se obtienen.