Gran parte de los carros de concho y las guaguas voladoras que operan en las rutas de la capital y en las provincias reprobarían la Inspección Técnica Vehicular (ITV) debido a su deterioro, lo que representa un grave peligro para los pasajeros. Esta situación se da en el contexto de la Ley 63-17 sobre Movilidad, que establece la implementación de este sistema a partir de 2027, aunque enfrenta resistencia de algunos sindicatos de transporte público.

La ITV es una revisión mecánica y de seguridad obligatoria que evalúa el estado físico de los vehículos, con el objetivo de reducir los accidentes de tránsito y retirar de circulación aquellos que estén defectuosos. A pesar de que la ley fue aprobada en 2017, la verificación periódica de las condiciones mecánicas del parque vehicular ha estado estancada.

El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Juan Manuel Méndez, está dispuesto a enfrentar este problema, a pesar de la oposición de algunos sindicatos. Muchos vehículos, especialmente los urbanos, presentan un desgaste progresivo, con unidades que tienen hasta 30 años de antigüedad, gomas lisas, falta de luces, fallas en seguros de puertas y frenos deficientes.

La semana pasada, el presidente de la Central Nacional Movimiento Choferil del Transporte (Mochotran), Alfredo Pulinario Mariot, expresó su preocupación por el impacto que la ITV tendría en miles de trabajadores del sector. Advirtió que cientos de unidades quedarían fuera de circulación debido a su avanzado deterioro, lo que dejaría a numerosos choferes sin herramientas de trabajo y sin su principal fuente de ingresos.

Pulinario Mariot también mencionó que muchos de sus afiliados operan vehículos antiguos y carecen de los recursos económicos para sustituirlos y cumplir con las exigencias técnicas. En República Dominicana, existen 1,372 rutas de transporte público, divididas en urbanas e interurbanas, según el Intrant, de las cuales 272 rutas están en el Gran Santo Domingo, y 114 corresponden a carros públicos.

A pesar de que la ley establece un cronograma para el retiro de unidades de transporte terrestre “chatarras” en un plazo no mayor a diez años, el entonces presidente Danilo Medina cedió a las presiones de los sindicatos en 2018, lo que dejó sin efecto la medida de sacar de circulación esos vehículos. Se había previsto que estos vehículos debían ser retirados del nuevo Registro Nacional de Vehículos de Motor y demolidos de inmediato por el Intrant.