La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) condenó al Instituto Postal Dominicano (Inposdom) y a su director general, Erick Alberto Guzmán Núñez, a pagar RD$1,500,000 a la servidora de carrera Beata María Pérez Miliano por despido injustificado. Esta decisión se basa en el incumplimiento de una sentencia anterior que ordenaba su reincorporación al puesto de trabajo con las mismas condiciones laborales y salariales.

La sentencia, identificada como 0030-02-2026-SSEN-00667, también establece una astreinte de RD$5,000 por cada día de retraso en la restitución de la empleada, la cual comenzará a contarse a partir de 30 días después de la notificación del fallo. La demanda fue presentada tras la inejecución de la Sentencia 0030-1642-2023-SSEN-00681, emitida en noviembre de 2023, que ordenaba el reintegro y el pago de salarios caídos.

El caso se complicó cuando la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó en mayo de 2025 un recurso de casación interpuesto por Inposdom, lo que dejó firme la decisión anterior. La representación legal de Pérez Miliano, a cargo del bufete Centro Jurídico e Inversiones Batía Ramos, fundamentó la acción en el artículo 148 de la Constitución dominicana, que establece la responsabilidad civil contencioso-administrativa de las entidades públicas y sus titulares por daños derivados de faltas en el servicio o desacato.

Los abogados argumentan que esta norma busca abordar la inejecución de fallos en el sector público, donde se estima que hay más de 700 sentencias pendientes de cumplimiento por parte de diversos funcionarios estatales. Este fallo se considera un paso importante en la defensa de los derechos laborales y la justicia en el ámbito administrativo.

La decisión del TSA resalta la necesidad de que las entidades públicas cumplan con las sentencias judiciales, garantizando así el respeto a los derechos de los trabajadores. Este caso se presenta como un ejemplo de la lucha por la justicia laboral en el país.