El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, anunció el lanzamiento de una campaña nacional para prevenir la extorsión y el fraude digital, con el objetivo de proteger a la ciudadanía y promover un uso seguro del entorno tecnológico. La iniciativa se llevará a cabo durante todo el año 2026 y contará con seis piezas audiovisuales que abordarán situaciones cotidianas relacionadas con estos delitos.
Las campañas temáticas se centrarán en el impacto de la extorsión digital en familias, trabajadores y figuras públicas, destacando sus consecuencias y fomentando la denuncia como una herramienta clave para combatir estos crímenes. En una rueda de prensa, Gómez Mazara enfatizó la importancia de educar y sensibilizar a la población sobre los riesgos del entorno digital, mencionando que la extorsión y el fraude son delitos graves que pueden acarrear sanciones de hasta 30 años de prisión.
Colaboración interinstitucional
El presidente de Indotel explicó que la campaña también resaltará el papel del Estado dominicano en la persecución de estos delitos, así como la colaboración entre entidades como la Policía Nacional, el Ministerio Público, el DICAT, el sistema financiero y el sector de las telecomunicaciones. Las piezas audiovisuales incluirán mensajes directos como “No paguen la extorsión. Denuncien. Procedan conforme a la ley”, buscando fomentar la acción ciudadana y la confianza en las instituciones.
Además, la campaña incorporará testimonios de personajes reconocidos que compartirán experiencias reales, con el fin de visibilizar una problemática que a menudo se mantiene oculta por el miedo o la vergüenza de las víctimas. Esta estrategia comunicacional tiene como meta incrementar las denuncias, mejorar la respuesta de las autoridades y fortalecer la protección de los derechos digitales en la República Dominicana.
En el país, la extorsión digital está sancionada por la Ley No. 53-07, y el nuevo Código Penal (Ley 74-25), que entró en vigor en agosto de 2026, endurece las penas y amplía su alcance a las plataformas digitales.
