Un tribunal del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Bautista Castillo, socio de la empresa Fortibase Global, SRL, por su presunta vinculación con el intento de envío de 203 paquetes de cocaína a Puerto Rico. La decisión fue tomada por el juez Rigoberto Sena, quien también declaró complejo el proceso, tal como lo solicitó el Ministerio Público.

Los 203 paquetes, que pesan un total de 208.21 kilogramos, fueron descubiertos el pasado 10 de octubre durante una inspección en la terminal Don Diego del Puerto de Santo Domingo. Las autoridades revisaban un contenedor con un cargamento de muebles destinado a Puerto Rico cuando encontraron la droga oculta en compartimentos en la estructura metálica del remolque.

El tribunal ordenó que Bautista Castillo cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, y fijó para el 14 de enero de 2027 la revisión obligatoria de la prisión preventiva. La investigación se fortaleció a mediados de septiembre de 2026, gracias a informaciones de inteligencia y cooperación jurídica internacional con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Como parte de las indagatorias, el 21 de septiembre se detectó un cargamento de cocaína líquida en el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, que estaba oculto en envases plásticos etiquetados como Malta La Negra, dentro de una carga proveniente del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Este hallazgo generó alertas sobre las exportaciones de Fortibase Global, SRL.

Las autoridades identificaron un embarque de muebles declarado por la empresa el 8 de octubre, con destino a Puerto Rico, en el contenedor PRRU4019524. En este contexto, Bautista Castillo fue citado para estar presente durante la inspección de la carga, donde se le ocupó dinero en efectivo, teléfonos celulares y una llave de vehículo.

Además, en una yipeta vinculada al caso se encontraron documentos aduanales, comerciales y societarios relacionados con la empresa. El Ministerio Público sostiene que Bautista Castillo tenía dominio y control sobre la carga incautada y los documentos correspondientes a las gestiones aduanales.

La procuradora general de corte Magalys Sánchez, encargada del Departamento de Litigación Estratégica, representó al Ministerio Público durante la audiencia. La solicitud de medida de coerción fue presentada por la procuradora adjunta Sourelly Jáquez Vialet, junto a otros procuradores fiscales.

El órgano acusador atribuye provisionalmente al imputado violaciones de varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas. Las imputaciones forman parte de un proceso judicial en curso y no constituyen una declaración definitiva de culpabilidad.