La Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente de la Conferencia del Episcopado Dominicano ha manifestado su apoyo a las comunidades que luchan por la preservación de las cordilleras Central y Septentrional.

La entidad también ha rechazado la implementación de proyectos mineros en estas áreas debido a su impacto ambiental.

En un comunicado, la comisión advirtió que las actividades mineras podrían poner en riesgo la integridad ecológica de estas montañas, afectando el ciclo hidrológico del país.

Hizo un llamado a las autoridades para que escuchen a las comunidades que demandan la protección de estos territorios vitales.

Las cordilleras son esenciales como reservorios hídricos, ya que captan, almacenan y distribuyen agua hacia ríos y acuíferos en gran parte del país.

La comisión alertó que cualquier intervención significativa podría comprometer la calidad y cantidad de agua, afectando a la población actual y futura.

Impacto de la minería en el medio ambiente

La minería conlleva la remoción de suelos y el uso de sustancias químicas, lo que genera desechos potencialmente tóxicos.

Estos desechos representan un riesgo para las fuentes de agua, pudiendo causar contaminación por metales pesados y sedimentos.

La comisión citó la situación de la presa de Hatillo como un ejemplo de cómo la minería puede alterar los cursos naturales de los ríos y dañar los ecosistemas que dependen de estas cuencas.

Este tipo de intervención podría tener consecuencias devastadoras para el medio ambiente.

Apoyándose en la encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco, la comisión enfatizó que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental.

Proteger las montañas es, por lo tanto, una cuestión de justicia social y respeto a la dignidad humana.

Compromiso con el desarrollo sostenible

La Pastoral de Ecología reafirmó su compromiso con un modelo de desarrollo sostenible. Instó a implementar políticas que equilibren el crecimiento económico con la protección ambiental.

Además, exhortó a fomentar el diálogo entre las autoridades y la ciudadanía. Esto es crucial para garantizar soluciones que prioricen la vida, el agua y la conservación de los ecosistemas.