La política de seguridad de Honduras se endurece con la aprobación de penas más severas, incluyendo cadena perpetua para líderes de pandillas, y la construcción de una megacárcel, inspirada en el modelo salvadoreño. Estas reformas fueron impulsadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) y aprobadas por el Parlamento, con el objetivo de combatir a las pandillas que controlan diversas áreas del país mediante crímenes como asesinatos y extorsiones.
Las principales organizaciones delictivas en Honduras, la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, han estado operando durante más de tres décadas y están detrás de una gran parte de los homicidios, que alcanzaron la cifra de 2,629 en 2025, según datos oficiales. Las reformas al Código Penal establecen penas de 30 a 40 años para los miembros de pandillas y hasta prisión perpetua para sus líderes y financiadores.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, Juan Carlos Monge, advirtió que el Estado debe responder a la demanda de seguridad, pero con respeto a los derechos humanos y las normas internacionales. Monge aboga por una política integral que combine la persecución del delito con la prevención de la violencia y la atención a sus causas estructurales.
Las nuevas medidas también incluyen condenas de ocho a diez años por atentados contra la autoridad y prisión de por vida por asesinatos de funcionarios de justicia y seguridad. Además, se establece prisión preventiva obligatoria por asociación terrorista y se amplía el plazo para presentar a detenidos ante un juez de 24 a 48 horas.
La estrategia también contempla la creación de una Fuerza Especial Penitenciaria y la implementación de controles biométricos en módulos de máxima seguridad. Estas reformas se suman a otras leyes del sistema de seguridad que fueron modificadas en septiembre pasado para reforzar el control penitenciario y evitar que las pandillas operen desde las cárceles.
Monge expresó su preocupación por el riesgo de violaciones a los derechos humanos y el aumento de la presión sobre los sistemas judicial y penitenciario. También destacó la necesidad de abordar factores como la falta de empleo y educación, en lugar de enfocarse únicamente en la captura y encarcelamiento de jóvenes.
El especialista en criminalística, Gonzalo Sánchez, apoyó las reformas, considerándolas necesarias para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Sánchez argumentó que el endurecimiento de las penas puede llevarse a cabo respetando las garantías individuales, siempre que haya supervisión adecuada de las acciones policiales y judiciales.
La construcción de la megacárcel, que albergará a unos 1,300 presos de alta peligrosidad, está inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador. El Parlamento hondureño ha solicitado a la Secretaría de Finanzas buscar financiamiento para esta obra, mientras se evalúan posibles ubicaciones, incluyendo un complejo penitenciario en Santa Bárbara.
El Cecot, inaugurado en 2023 por el Gobierno de Nayib Bukele, ha sido un modelo en la política de mano dura contra las pandillas y ha influido en la creación de proyectos similares en la región, como la reciente megacárcel inaugurada en Costa Rica.
