Enercido Amaurys Heredia González fue arrestado en flagrante delito dentro del Ministerio Público, donde supuestamente intentaba llevar a cabo una de sus maniobras fraudulentas. Las autoridades han solicitado prisión preventiva como medida de coerción ante las acusaciones en su contra. Heredia González está implicado en un esquema de suplantación de identidad que ha durado al menos dos años.

Según la Dirección General de Persecución, el imputado ofrecía servicios legales inexistentes y cobraba honorarios a sus víctimas. Además, en algunos casos, extorsionaba a las personas bajo amenazas, lo que ha generado un impacto económico significativo. Se han identificado al menos cuatro víctimas directas, con pérdidas que ascienden a decenas de miles de pesos.

El Ministerio Público ha detallado que Heredia González se hacía pasar por un abogado habilitado y, en ocasiones, como fiscal en ejercicio. Utilizaba un número de WhatsApp con el logo institucional para enviar citaciones falsas, vinculando a las víctimas con supuestos casos de homicidio. Esta estrategia le permitía cobrar sumas de dinero por servicios legales que nunca prestó.

El acusado captaba a personas de su entorno, asegurando que había conseguido convertirse en abogado y ofreciéndose para gestionar asuntos legales a cambio de pagos en pesos y dólares. Algunas víctimas recibieron citaciones falsas a través de WhatsApp, lo que aumentó la credibilidad de su engaño. En un caso particular, se ofreció como abogado defensor ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), negociando honorarios que redujo considerablemente.

El 29 de abril de 2026, Heredia González se presentó junto a una de las víctimas en la sede central del Ministerio Público. Allí insistía en el pago del dinero restante, utilizando información personal del entorno familiar como mecanismo de presión. La situación se descubrió cuando la víctima verificó en recepción la existencia de un supuesto fiscal, confirmando que no era real.

El procurador fiscal Miguel J. Collado García procedió a su arresto en flagrante delito. El expediente del caso incluye pruebas documentales, materiales y procesales que respaldan la acusación, entre las que se encuentra un carné de estudiante. Las autoridades han calificado el caso como una violación a los artículos 405 y 258 del Código Penal Dominicano, que abordan la estafa y la usurpación de funciones públicas.

Además, se le imputa la violación a los artículos 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. La situación legal de Heredia González se encuentra en manos de la justicia, que evaluará las evidencias presentadas y determinará las sanciones correspondientes. Las autoridades continúan investigando el caso para identificar a posibles otras víctimas.