MIAMI, EE. UU. – Unos 330.000 haitianos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, incluidos 158.000 en Florida, enfrentan el riesgo de deportación debido a la inminente expiración de sus permisos de trabajo, tras las medidas de la Administración del presidente Donald Trump.

Carline Paul, conocida como «Teacher Carline», expresó su preocupación en una entrevista en el Centro Cultural de la Pequeña Haití de Miami, afirmando que la comunidad haitiana ha jugado un papel importante en la vida del país y que lo que está sucediendo es inaceptable e inhumano. La maestra jubilada, quien ha vivido más de cinco décadas en Florida, aseguró que la comunidad enfrentará este desafío con unidad.

Contexto del TPS y su impacto

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) fijó el 24 de julio como la fecha de vencimiento del TPS para haitianos. A pesar de que el Tribunal Supremo autorizó la eliminación de esta protección, organizaciones defensoras de inmigrantes sostienen que la medida depende de procesos judiciales pendientes en un tribunal de distrito.

Actualmente, miles de familias se encuentran en un limbo migratorio que afecta tanto a los beneficiarios como a sus empleadores. Según la organización FWD.us, los haitianos con TPS generan aproximadamente 2.600 millones de dólares anuales para la economía de Florida, de los cuales 1.500 millones corresponden al área metropolitana de Miami.

La mayoría de esta población trabaja en sectores esenciales como la salud, el cuidado de adultos mayores, la construcción y la hostelería, actividades que podrían verse gravemente afectadas si los permisos laborales expiran.

Esperanza en el Congreso

La última esperanza de la comunidad haitiana radica en el Congreso estadounidense. En abril, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para extender el TPS hasta abril de 2029, aunque la iniciativa aún espera aprobación en el Senado.

Carline Paul mantiene la esperanza de que la protección migratoria sea prorrogada, afirmando que «donde hay voluntad, hay un camino» y que no dejará de luchar por su comunidad.

Los líderes comunitarios recuerdan que el TPS fue concedido inicialmente a los haitianos tras el devastador terremoto de 2010 y sostienen que las condiciones actuales en Haití hacen inviable un retorno seguro. Según Human Rights Watch, el país enfrenta una de las peores crisis humanitarias de su historia, con más de 8.200 asesinatos registrados entre enero de 2025 y marzo de 2026.

Ante esta situación, representantes de la comunidad haitiana insisten en que detrás del debate migratorio hay familias que han vivido durante años en Estados Unidos, trabajan, pagan impuestos y contribuyen al desarrollo económico del país, por lo que solicitan una solución que preserve su estabilidad y dignidad.