Haití enfrenta un dilema entre democracia y dictadura, en un contexto donde las élites gobernantes de potencias imperiales de Occidente han intentado imponer un régimen democrático en el país a través de la OEA y la ONU. Este esfuerzo se da a pesar de que la historia demuestra que la democracia no puede ser impuesta, sino que debe ser adoptada de manera natural por los pueblos en función de su desarrollo económico, social y cultural.

La historia también revela que tras la independencia de Haití, sus habitantes desmantelaron la infraestructura agroindustrial y cambiaron su modelo de producción a una agricultura de subsistencia, lo que ha contribuido a la crisis actual. Este cambio, junto con la deforestación masiva, ha llevado a la aniquilación del 97% de los bosques del país, afectando la fertilidad de los suelos y el acceso al agua.

Como resultado, Haití enfrenta problemas graves como el hambre, el desempleo y la violencia, mientras que aquellos que han acumulado capital prefieren invertir en actividades ilícitas en lugar de contribuir a la recuperación económica del país. La inestabilidad política ha sido la norma, con más de un siglo sin gobiernos elegidos libremente, caracterizado por rebeliones, golpes de Estado y asesinatos de presidentes.

La situación se ha agravado con el surgimiento de bandas criminales y la intervención de tropas extranjeras, en un contexto global de tensiones. Ante este panorama, surge la pregunta de si Haití está en condiciones de adoptar un modelo democrático que pueda florecer y sostenerse a largo plazo.

La percepción es que el proyecto de democratización impulsado por la OEA y la ONU podría ser un pretexto para justificar intereses ocultos, en lugar de un verdadero esfuerzo por ayudar al pueblo haitiano. Este dilema refleja la voz de aquellos que no tienen voz y pone de manifiesto la complejidad de la situación en Haití.