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Guatemala reinicia elección de fiscal general entre críticas y tensiones

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CIUDAD DE GUATEMALA.– El proceso para seleccionar al próximo fiscal general de Guatemala se ha reactivado este viernes, en medio de críticas y tensiones.

Esto ocurre tras la anulación de la lista inicial de candidatos por parte de la Corte de Constitucionalidad, debido a irregularidades en la evaluación.

La Comisión Postuladora ha retomado sus trabajos luego del fallo judicial, que ordenó retroceder el procedimiento hasta la fase de revisión de expedientes de 48 aspirantes.

Se les ha dado un plazo de 48 horas para elaborar una nueva nómina de seis candidatos.

De esta lista, se elegirá a la persona que liderará el Ministerio Público durante el período 2026-2030.

La decisión ha generado divisiones en el ámbito legal y político del país.

Reacciones ante el fallo judicial

La presidenta del Colegio de Abogados y Notarios, Patricia Gámez, manifestó su desacuerdo con la interpretación del tribunal.

Sin embargo, aseguró que acatarán la resolución y procederán con una reevaluación inmediata.

Por otro lado, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes, apoyó el fallo, argumentando que es necesario depurar el proceso para garantizar su legalidad.

El presidente Bernardo Arévalo de León devolvió los expedientes a la comisión tras ser notificado de la resolución, cumpliendo con el procedimiento que le asigna la designación final del nuevo fiscal general.

Contexto de la elección

La elección del nuevo fiscal cobra especial relevancia debido al contexto que rodea a la actual titular, Consuelo Porras, quien finaliza su mandato el 16 de mayo.

Porras ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por presuntos actos de corrupción.

Analistas advierten que la repetición del proceso podría alterar el equilibrio de fuerzas en el país y abrir la puerta a un cambio en la jefatura del Ministerio Público.

Esto ocurre en un escenario marcado por tensiones políticas y cuestionamientos a la independencia judicial.

Porras, quien fue designada en 2018 por el expresidente Jimmy Morales y ratificada por Alejandro Giammattei, ha tenido una relación conflictiva con el actual Gobierno. El presidente Arévalo ha sido uno de sus principales críticos, especialmente tras los intentos fallidos de anular los resultados de las elecciones de 2023.

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