El trágico suceso en la cañada de Guajimía, en Herrera, donde un joven perdió la vida a manos de agentes de la Policía Nacional tras intentar mediar durante un operativo, refleja una cultura de violencia institucional que persiste en el país. Este hecho no es aislado, sino parte de un problema más amplio que afecta la estructura encargada de garantizar el orden y la seguridad ciudadana.

El presidente de la República, Luis Abinader, junto a la vicepresidenta y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, han mostrado voluntad política para impulsar la reforma policial. Cada lunes, desde la Mesa de Seguridad Ciudadana, evalúan indicadores de criminalidad y dan seguimiento a las acciones implementadas. Sin embargo, la realidad en las calles indica que las estrategias de reforma requieren una revisión profunda en términos de resultados y efectividad.

Persisten prácticas abusivas y vulneraciones de derechos fundamentales que contradicen el propósito de la transformación institucional. El caso de Guajimía ha puesto de manifiesto las requisas arbitrarias, donde ciudadanos son detenidos sin orden judicial ni indicios razonables de delito, afectando su dignidad y generando una sensación de indefensión.

A menudo, incluso cuando las personas cooperan, el procedimiento puede escalar hacia un arresto violento o el uso desproporcionado de la fuerza. Este tipo de violencia institucional impacta desproporcionadamente a los sectores más vulnerables, quienes suelen ser los más afectados por la actuación policial.

En los barrios empobrecidos, muchos sienten que la Policía actúa más como juez y ejecutor que como garante de la ley, olvidando que su actuación debe respetar la Constitución y la dignidad humana. La vida es el bien jurídico más importante protegido por el ordenamiento constitucional, y ningún procedimiento policial debe perder de vista este principio.

Acciones necesarias para la reforma

Para transformar la Policía Nacional, la reforma debe reflejarse en el comportamiento cotidiano de cada agente. Esto requiere, al menos, tres acciones fundamentales: primero, investigar a todo agente que actúe al margen de la ley, sometiéndolo a la jurisdicción penal ordinaria sin privilegios.

En segundo lugar, es esencial una mayor capacitación jurídica y operativa. Los miembros de la Policía deben conocer los límites constitucionales de su autoridad y los protocolos sobre el uso proporcional de la fuerza, lo que protege tanto a la ciudadanía como a los propios agentes.

Finalmente, la reforma debe transformar la cultura institucional, fortaleciendo la formación ética y desarrollando competencias de mediación. Acercar la Policía a las comunidades mediante un modelo de policía comunitaria basado en el diálogo y el respeto mutuo es crucial.

La inversión económica y los discursos institucionales perderán legitimidad si no se traducen en cambios visibles en las calles. Mientras persistan prácticas como las requisas arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza, la desconfianza entre la ciudadanía y la Policía Nacional seguirá creciendo.

La tragedia de Guajimía debe ser un punto de inflexión. Un uniforme policial representa autoridad legítima, pero no puede ser una licencia para el atropello. Una reforma auténtica se mide por la confianza que inspira en la población y por la garantía efectiva de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.