Las grandes empresas que deben realizar aportes significativos para financiar el sistema de gestión integral de residuos sólidos podrán deducir esos pagos al calcular el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Esta modificación fue aprobada por la Cámara de Diputados y está a la espera de ser promulgada por el Poder Ejecutivo.

El cambio se incluyó en un nuevo párrafo del artículo 36 del proyecto que modifica la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Esto establece que la contribución especial será deducible de la renta bruta, permitiendo que el dinero destinado al fideicomiso para la gestión de residuos se considere un gasto al calcular el ISR.

Por ejemplo, si una empresa debe aportar 2.2 millones de pesos por residuos sólidos, esa cifra podrá ser incluida entre los gastos que se utilizan para determinar la renta sobre la cual se calcula el impuesto. Esta disposición no estaba presente en la versión anterior de la ley ni en el proyecto original del Senado.

La iniciativa ya ha sido aprobada por ambas cámaras legislativas y solo falta la promulgación por parte del Poder Ejecutivo para que entre en vigencia. También existe la posibilidad de que sea observada.

La reforma mantiene la obligación de que las empresas que reportan ingresos ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) realicen una contribución especial para financiar el sistema nacional de gestión integral de residuos sólidos. Sin embargo, reorganiza la escala de aportes y establece nuevos montos según los ingresos anuales de cada empresa.

Las compañías con ingresos superiores a 2,500 millones de pesos deberán realizar el mayor aporte, fijado en 2.2 millones de pesos anuales, mientras que las empresas con menores ingresos pagarán montos inferiores conforme a la nueva escala.

Otra novedad del proyecto es un tratamiento especial para las empresas cuyos márgenes de ganancia son regulados por el Estado. En estos casos, la contribución se calculará sobre las ventas netas, lo que permitirá a estas empresas calcular su aporte sobre una base menor.

Además, se establece un límite de 675,000 pesos para las personas jurídicas o entidades que actúen como comisionados, independientemente de que sus ingresos anuales superen los 700 millones de pesos.

El proyecto también amplía las restricciones a la importación de productos plásticos de un solo uso sin certificación de biodegradabilidad, incluyendo artículos como pajillas y utensilios de poliestireno, con un plazo de seis meses para que la prohibición entre en vigor tras la promulgación de la ley.