En la República Dominicana, cada vez que se colapsa un puente o se reportan daños en infraestructuras cercanas a ríos, la narrativa oficial suele centrarse en fenómenos naturales como La Niña y El Niño, así como en las lluvias intensas asociadas al cambio climático.

Sin embargo, esta perspectiva ignora un factor crucial: la extracción indiscriminada de materiales por parte de las granceras y la débil capacidad del Estado para regular estas actividades.

El discurso sobre el desarrollo no puede seguir siendo una excusa para la depredación de nuestros recursos.

La extracción de agregados es necesaria, pero debe realizarse bajo reglas estrictas y con controles gubernamentales adecuados.

De lo contrario, se pone en riesgo la estabilidad de nuestros ríos y la seguridad de las infraestructuras.

Es fundamental que cada intervención cumpla con criterios científicos y ambientales. Cuando el Estado no supervisa adecuadamente estas actividades, se convierte en parte del problema, permitiendo que la situación se agrave.

Impacto de la extracción indiscriminada

En países donde se valora el equilibrio ecológico, se invierte en restaurar sedimentos y devolver materiales a los cauces naturales.

Esto evita la erosión, inundaciones y daños a infraestructuras. En cambio, en la República Dominicana, se permite la destrucción de ríos para satisfacer las necesidades de las granceras.

Las operaciones de extracción no solo son una iniciativa privada. Se han formado estructuras de intereses que muchos ciudadanos consideran carteles extractivos.

Esta percepción se alimenta de la impunidad y la complicidad de las autoridades que deberían regular estas prácticas.

Cuando se remueve material del lecho de un río sin criterios técnicos, se alteran los flujos hidráulicos, aumentando la vulnerabilidad de infraestructuras adyacentes.

El colapso de estas estructuras no es un evento aislado; es el resultado de un proceso acumulativo y silencioso.

Casos alarmantes en la región

El río Camú en Puerto Plata es un caso reciente, pero también hay antecedentes en el río Bajabonico, donde la extracción ha causado daños significativos.

Se han registrado incidentes graves, como el secuestro de un equipo periodístico que investigaba estas actividades.

Otro caso trágico es el del río Tireo en Constanza, donde una persona fue asesinada por oponerse a la extracción de arena, lo que evidencia la conflictividad asociada a estas prácticas.

Además, otros ríos como el Yuna y el Nizao también enfrentan problemas similares.

A pesar de las denuncias de comunidades y organizaciones ambientalistas, las respuestas de las autoridades son insuficientes.

Esto ha llevado a la degradación de ríos, afectando la seguridad hídrica, la agricultura y la conectividad vial durante las lluvias.

La diferencia entre un país que invierte en restaurar sus ríos y otro que permite su degradación no es solo económica, sino también institucional.

Sin una voluntad política real para regular y sancionar estas prácticas, el país seguirá enfrentando consecuencias devastadoras.

En conclusión, la problemática de las granceras es una cuestión tanto ambiental como institucional. Proteger los ríos es una obligación del Estado, y postergar esta responsabilidad solo debilita las bases del desarrollo sostenible y la seguridad nacional.