El reciente auto de «no ha lugar» emitido a favor del excandidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, y del exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, podría tener un impacto significativo en la percepción política de la República Dominicana. Esta decisión judicial no solo afecta a los involucrados, sino que también podría repercutir en el Gobierno del presidente Luis Abinader y en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), cuya principal bandera ha sido el combate a la corrupción.

La victoria electoral del PRM en 2020 se cimentó en la indignación ciudadana contra la corrupción y la impunidad, impulsada por movimientos como la Marcha Verde y las protestas de la Plaza de la Bandera. La elección de Miriam Germán Brito como procuradora general fue vista como un compromiso del nuevo gobierno para romper con las prácticas del pasado y garantizar la independencia de la justicia.

Sin embargo, el fallo que favorece a Castillo y Peralta ha generado cuestionamientos y preocupación entre los sectores que apoyaron al PRM por su discurso anticorrupción. Aunque se debe respetar la sentencia dentro del marco del Estado de derecho, las consecuencias políticas de esta decisión pueden afectar la percepción pública del gobierno.

Si la población comienza a sentir que los casos de corrupción quedan impunes, el PRM podría perder el principal activo que lo diferenciaba de sus adversarios. La pérdida de la credibilidad en su lucha contra la corrupción podría llevar al partido a un camino peligroso, similar al que enfrentó el PLD tras 20 años en el poder.

El verdadero reto para el oficialismo no es solo Gonzalo Castillo, sino la narrativa que se puede establecer en la mente de los ciudadanos. Preguntas como «¿qué pasó con la lucha contra la corrupción?» podrían surgir y complicar el panorama electoral de 2028 para el PRM.

El partido tiene la oportunidad de reflexionar y fortalecer la confianza de quienes apoyaron el cambio, pero debe reconocer que el respaldo popular no es eterno. La historia política dominicana ha demostrado que la voluntad popular cambia cuando la esperanza se convierte en decepción.

Así, el «no ha lugar» a Gonzalo Castillo se presenta como una advertencia política para el Gobierno de Abinader y el PRM. La pérdida de credibilidad en su lucha contra la corrupción podría significar la pérdida de la razón principal por la que millones de dominicanos les otorgaron el poder, lo que representa una amenaza para su permanencia más allá de 2028.